El sindicalismo andaluz, bajo la lupa judicial
La Fiscalía y varios juzgados investigan desvío de fondos públicos en UGT y CCOO
El descontrol en las cuantiosas subvenciones que reciben de
la Junta de Andalucía empieza a pasar «factura» a los sindicatos más
afines a su causa, UGT y Comisiones Obreras.
Pero sucede que donde las direcciones regionales de ambas
organizaciones ven la mano negra de una campaña de desprestigio
mediático, los jueces y fiscales encuentran gastos sin justificar, pruebas documentales e indicios de delitos sobre una supuesta malversación de fondos públicos.
El último capítulo que ha salido a la luz está relacionado
con el posible desvío de subvenciones de formación por parte de UGT-A
para costear la propaganda de la huelga general del 29 de septiembre de
2010. La Fiscalía Superior de Andalucía ha dado instrucciones a la
unidad adscrita de la Policía Judicial para que investigue el destino de los fondos abonados por la Junta con cargo al Fondo Social Europeo al hallar indicios de responsabilidad penal.
Fuentes judiciales informaron de que el «número dos» de la
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en un decreto
firmado el lunes, ha solicitado a la Policía Judicial un informe sobre
las presuntas facturas falsas y el desvío de subvenciones para cursos de
celadores a gastos derivados de la huelga general. Esas supuestas
irregularidades hechas públicas fueron objeto el pasado 14 de agosto de una denuncia penal del sindicato Manos Limpias contra Francisco Fernández Sevilla,
secretario general de UGT en Andalucía, y su antecesor, Manuel
Pastrana, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos,
falsedad y apropiación.
«Sueldos» en negro
Según la información de que dispone la Fiscalía, UGT desvió
fondos de formación de parados para pagar su publicidad y pancartas,
así como para el mantenimiento de los ascensores, aire acondicionado y
limpieza de sus sedes. Para conseguir ese desvío de fondos, el sindicato
presuntamente pidió a diversos periódicos andaluces, emisoras de radio y
empresas de publicidad que falsearan facturas de forma que en ellas no
apareciera el verdadero uso dado al dinero. Manos Limpias ha ampliado su
denuncia al juzgado para que se investigue también la posible «contratación de menores de 18 años de forma eventual,
sin darles de alta en la Seguridad Social y pagándoles en dinero negro
por los servicios prestados a favor de UGT-A» y el «costeo» de la
revista que envía a sus afilados «con fondos de cursos para parados»
financiados por la UE.
Preguntada por este asunto, la consejera de Salud y
Bienestar Social de la Junta, María Jesús Montero, se ha limitado a
señalar que «le corresponde a UGT poner a disposición de la autoridad judicial lo que se le requiera».
Mientras, el portavoz adjunto del Partido Popular en el
Congreso, Rafael Hernando, exigió ayer explicaciones al presidente de la
Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y que abra una investigación
sobre la gestión que ha realizado UGT-A de los fondos de formación.
«Creemos que es necesaria una explicación del PSOE, y del presidente del partido
y hoy todavía presidente de la Junta de Andalucía por la utilización de
fondos destinados a la creación de empleo y parados por parte de un
sindicato para fines absolutamente espurios, que nada tienen que ver con
esa actividad», declaró Hernando en una rueda de prensa ofrecida en la
sede del PP en Madrid.
«Desfases» en las facturas
Hernando insistió en pedir tanto «explicaciones inmediatas» como la apertura de «investigaciones desde la propia Junta»
y «aclaraciones de por qué a pesar de que hace ya un año el interventor
de la Junta anunció desfases de las facturas que entregaba este
sindicato y de las peticiones del Grupo Popular en el Parlamento para
que se dieran explicaciones», no se ha hecho.
Asimismo, denunció que la política del PSOE en Andalucía
«sigue siendo la que defiende el bipartito, que es la de pasar página,
esa que parece que le gusta tanto a Izquierda Unida».
Por su parte, CCOO-Andalucía vive también su particular via
crucis judicial. El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha
imputado a Esther Azorit, exdirectora general de Seguridad y Salud
Laboral de la Junta, y a Miguel Ángel Soto, secretario de Finanzas del
sindicato, por malversación y falsedad al justificar dos ayudas de 600.000 y 400.000 euros destinadas
a riesgos laborales con comidas, viajes de sus militantes a
manifestaciones, confección de pancartas y contratación de charangas.
Ambos negaron las irregularidades ante el juez y lo atribuyeron a un
simple «error contable».
No hay comentarios:
Publicar un comentario