Un empresario dice que UGT-A le obligó a cambiar una factura para cargarla a dinero público

Un empresario dice que UGT-A le obligó a cambiar una factura para cargarla a dinero público

Hace 1 horas - T.I., Madrid

 

 El Mundo publica un email en el que UGT pide a una empresa que cambiara el concepto de un servicio, para justificarlo como ayuda a mujeres discriminadas. 

• "Me dijeron que lo facturara así o no lo cobraba", señala el dueño de Bobby Events.
• Manuel Pastrana, exlíder de UGT-A, con Cándido Méndez

Un empresario que trabajó para UGT Andalucía ha contado al diario El Mundo que la agrupación sindical le obligó a cambiar el concepto de una factura, para cargarla como ayuda a mujeres discriminadas. Es decir, según su relato, el sindicato le pidió que manipulase la factura para endosarla a fondos públicos.
El Mundo ha hablado con el dueño de la empresa Bobby Events, que organizó una asamblea con CCOO en enero de 2011. "Me dijeron que lo facturara así o no lo cobraba".
Este rotativo publica el contenido de un email en el que UGT Andalucía supuestamente le pide que modifique la factura. "Necesito por favor que modifiques el concepto de una factura que te adjunto, no puede aparecer nada de lo que hay ahora, solo lo que te adjunto", señala el correo.
Según ese documento, UGT le pide que no aparezca nada de la asamblea de delegados sindicales, sino que justifique el servicio como "publicidad, servicio de asesoramiento jurídico y defensa procesal a mujeres en caso de discriminación laboral por sexo 2010". De esa manera, la factura se endosaba al programa de defensa laboral a mujeres víctimas de discriminación.
Roberto Escamilla, el empresario, ha asegurado que accedió a cambiar el concepto de esa factura porque le dijeron que era la única forma para cobrar el trabajo. "Soy la primera víctima de UGT-A", señala. El diario publica el contenido de la factura modificada, por un importe de 11.499,10 euros. El coste se adjudicó a la Consejería de Presidencia e Igualdad, de Susana Díaz, que será elegida presidenta andaluza el próximo septiembre.
Ante esta información y otras sobre el supuesto desvío de fondos en UGT Andalucía que ha publicado el diario El Mundo, el PP ha pedido a la Junta de Andalucía que dé explicaciones sobre los fondos de formación y ha recriminado a la administración que no haya hecho los controles pertinentes. Por su parte, UGT ha defendido la legalidad de sus cuentas e insta a que se investigue el uso de los fondos de formación.

El PP exige explicaciones a la Junta sobre el «desvío» de fondos de CCOO y UGT

La Intervención General de la Junta alertó de reparos en expedientes de subvenciones y la Junta hizo «oídos sordos»

La vicesecretaria de Territorio y Medio Ambiente del PP andaluz, Alicia Martínez, ha exigido hoy explicaciones urgentes al Gobierno andaluz sobre las "irregularidades y el desvío" de los fondos de formación por parte de los sindicatos UGT y CCOO.

En declaraciones a los periodistas antes las "graves noticias que afectan a los sindicatos sobre las irregularidades" en la gestión de los fondos de formación, la dirigente del PP ha asegurado que ha habido "complicidad y connivencia de la Junta, del PSOE y de los sindicatos" en las irregularidades en la gestión de dichos fondos.

Se ha basado en que la Intervención General de la Junta alertó de reparos en expedientes de subvenciones de dichos fondos de formación correspondientes a los sindicatos UGT y CCOO y, sin embargo, el Gobierno andaluz "hizo oídos sordos" y, además, "ha ocultado" la información al PP, que se la requerido desde hace un año.

El Partido Popular de Andalucía pedirá la comparecencia en el Parlamento andaluz del consejero de Economía, Ciencia, Innovación y Empleo, Antonio Ávila, para que dé explicaciones sobre estas irregularidades.

Alicia Martínez también ha exigido explicaciones a los sindicatos de la gestión que han hecho de los fondos de formación y "con el dinero de los parados", ya que en el caso ERE están acusados del cobro de sobrecomisiones, ha incidido.

"Los sindicatos se encuentran a gusto con el régimen socialista y no quieren cambios que signifiquen la apertura de puertas y levantar alfombras", ha apostillado la dirigente del Partido Popular andaluz.

Asimismo, ha emplazado a la Junta a que colabore con la justicia tras ordenar la Fiscalía del TSJA una investigación a raíz de la publicación en El Mundo en las últimas semanas de que UGT-A desvió fondos de formación de parados para pagar su publicidad y pancartas para la huelga general del 29 de septiembre de 2010, así como para el mantenimiento de los ascensores, aire acondicionado y limpieza de su sedes.

Ha recordado que entre 2001 y 2010 la Junta destinó a los fondos de formación para el empleo, que gestionan los sindicatos y la patronal, más de 4.000 millones, por lo que es una cantidad que supera al fraude en el caso de los ERE.

En este sentido, ha señalado que el ex director general de Trabajo de la Junta y principal imputado en el caso ERE Francisco Javier Guerrero apuntó que los ERE podrían ser la "punta del iceberg" del "despilfarro de los fondos públicos" en referencia a los de formación.

El sindicalismo andaluz, bajo la lupa judicial

La Fiscalía y varios juzgados investigan desvío de fondos públicos en UGT y CCOO

efe

Griñán junto a los líderes andaluces de CC.OO, Francisco Carbonero (i) y UGT, Manuel Pastrana

El descontrol en las cuantiosas subvenciones que reciben de la Junta de Andalucía empieza a pasar «factura» a los sindicatos más afines a su causa, UGT y Comisiones Obreras. Pero sucede que donde las direcciones regionales de ambas organizaciones ven la mano negra de una campaña de desprestigio mediático, los jueces y fiscales encuentran gastos sin justificar, pruebas documentales e indicios de delitos sobre una supuesta malversación de fondos públicos.

El último capítulo que ha salido a la luz está relacionado con el posible desvío de subvenciones de formación por parte de UGT-A para costear la propaganda de la huelga general del 29 de septiembre de 2010. La Fiscalía Superior de Andalucía ha dado instrucciones a la unidad adscrita de la Policía Judicial para que investigue el destino de los fondos abonados por la Junta con cargo al Fondo Social Europeo al hallar indicios de responsabilidad penal.

Fuentes judiciales informaron de que el «número dos» de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en un decreto firmado el lunes, ha solicitado a la Policía Judicial un informe sobre las presuntas facturas falsas y el desvío de subvenciones para cursos de celadores a gastos derivados de la huelga general. Esas supuestas irregularidades hechas públicas fueron objeto el pasado 14 de agosto de una denuncia penal del sindicato Manos Limpias contra Francisco Fernández Sevilla, secretario general de UGT en Andalucía, y su antecesor, Manuel Pastrana, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, falsedad y apropiación.

«Sueldos» en negro

Según la información de que dispone la Fiscalía, UGT desvió fondos de formación de parados para pagar su publicidad y pancartas, así como para el mantenimiento de los ascensores, aire acondicionado y limpieza de sus sedes. Para conseguir ese desvío de fondos, el sindicato presuntamente pidió a diversos periódicos andaluces, emisoras de radio y empresas de publicidad que falsearan facturas de forma que en ellas no apareciera el verdadero uso dado al dinero. Manos Limpias ha ampliado su denuncia al juzgado para que se investigue también la posible «contratación de menores de 18 años de forma eventual, sin darles de alta en la Seguridad Social y pagándoles en dinero negro por los servicios prestados a favor de UGT-A» y el «costeo» de la revista que envía a sus afilados «con fondos de cursos para parados» financiados por la UE.

Preguntada por este asunto, la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta, María Jesús Montero, se ha limitado a señalar que «le corresponde a UGT poner a disposición de la autoridad judicial lo que se le requiera».

Mientras, el portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, exigió ayer explicaciones al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y que abra una investigación sobre la gestión que ha realizado UGT-A de los fondos de formación. «Creemos que es necesaria una explicación del PSOE, y del presidente del partido y hoy todavía presidente de la Junta de Andalucía por la utilización de fondos destinados a la creación de empleo y parados por parte de un sindicato para fines absolutamente espurios, que nada tienen que ver con esa actividad», declaró Hernando en una rueda de prensa ofrecida en la sede del PP en Madrid.

«Desfases» en las facturas

Hernando insistió en pedir tanto «explicaciones inmediatas» como la apertura de «investigaciones desde la propia Junta» y «aclaraciones de por qué a pesar de que hace ya un año el interventor de la Junta anunció desfases de las facturas que entregaba este sindicato y de las peticiones del Grupo Popular en el Parlamento para que se dieran explicaciones», no se ha hecho.

Asimismo, denunció que la política del PSOE en Andalucía «sigue siendo la que defiende el bipartito, que es la de pasar página, esa que parece que le gusta tanto a Izquierda Unida».

Por su parte, CCOO-Andalucía vive también su particular via crucis judicial. El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha imputado a Esther Azorit, exdirectora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta, y a Miguel Ángel Soto, secretario de Finanzas del sindicato, por malversación y falsedad al justificar dos ayudas de 600.000 y 400.000 euros destinadas a riesgos laborales con comidas, viajes de sus militantes a manifestaciones, confección de pancartas y contratación de charangas. Ambos negaron las irregularidades ante el juez y lo atribuyeron a un simple «error contable».

El PP insta a la Junta de Andalucía a personarse en la denuncia contra UGT-A

El sindicato ha sido denunciado por «malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida»

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José Luis Sanz, del PP-A

El secretario general del PP-A, José Luis Sanz, ha afirmado este miércoles que la Junta de Andalucía tendría que personarse en la causa que se abra tras la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra dirigentes de UGT-A por un presunto delito de «malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida», en relación al uso «indebido» de los fondos públicos para empleados recibidos de la Junta.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Sanz ha recordado que su formación ha demandado que la Junta de Andalucía realice una auditoría sobre los fondos públicos para formación para el empleo, habida cuenta de las informaciones que apuntan a que acabaron usándose para movilizaciones del sindicato, entre otros fines ajenos.

«Y mucho nos tememos que con los resultados de esa auditoría, la Junta tendría que personarse en la causa como parte perjudicada», ha añadido. En su opinión, las informaciones que han sido publicadas en los últimos días sobre este asunto ponen de manifiesto una vez más «el auténtico descontrol de los fondos públicos» que salen de la Junta, como ya ha ocurrido en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) o en el caso Invercaria.

El dirigente popular ha recordado también que su partido va a solicitar en la Cámara andaluza la comparecencia al inicio del próximo curso político del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, y de la consejera de Educación, Mar Moreno, para que expliquen cómo se reparten los fondos de formación al empleo.

La Fiscalía ordena investigar la desviación de subvenciones de UGT

abcabcdesevilla / granada

Día 20/08/2013 - 14.10h

Pide a la Policía que elabore un informe sobre la posible responsabilidad penal del sindicato en la gestión de fondos de formación

juan flores

Francisco Fernández Sevilla, secretario general de UGT

La Fiscalía Superior de Andalucía, con sede en Granada, ha ordenado a la unidad adscrita de Policía Judicial que investigue la gestión de los fondos de formación de UGT, tras las informaciones que apuntan a la posible falsificación de facturas por parte del sindicato para financiar la huelga general del 29 de septiembre de 2010.

Según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público, en un decreto dictado este mismo lunes 19 de agosto pide a la Policía Judicial que elabore un «informe previo» que aclare si en esa gestión existe posible responsabilidad penal.

Una vez concluida la investigación, la Fiscalía Superior podría continuar con las diligencias o trasladar el asunto a una Fiscalía Provincial, lo que es «probable» que ocurra -si el informe de la Policía Judicial determina la posible existencia de conducta delictiva-, según las fuentes consultadas.

El Ministerio Público analiza la documentación publicada en sus páginas, especialmente las facturas presuntamente maquilladas que distintos proveedores de UGT habrían emitido cargando a programas de formación gastos que, en realidad, correspondían a la organización de la huelga general de septiembre de 2010.

Entre esas facturas estarían las de los anuncios insertados en periódicos regionales y en la propia revista de UGT. La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Superior coincide además con la ampliación de la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias.

El PP denuncia la existencia de reparos de Intervención a las ayudas al empleo de la Junta

JOSÉ CEJUDO / SEVILLA

Día 21/08/2013 - 14.08h

Critica la resistencia del Gobierno andaluz a entregar los expedientes

J.J. ÚBEDA

Carlos Rojas

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, ha denunciado hoy la existencia de numerosos expedientes de reparo de la Intervención General de la Junta a las ayudas otorgadas por la Consejería de Empleo en los últimos años a los sindicatos UGT y CC.OO. y a otras organizaciones en el apartado de formación para el empleo. Uno de los motivos sería la discordancia en las facturas.

Según Carlos Rojas, que ha comparecido en rueda de prensa, el PP lleva meses esperando conocer el contenido de tales expedientes, y se ha agotado el plazo sin que el Ejecutivo andaluz se los facilite. Los populares han tenido que pedir el amparo en dos ocasiones del prersidente del Parlamento, Manuel Gracia, que ha conminado a la Junta a cumplir con el Reglamento de la Cámara.

Según Carlos Rojas, de los 4.000 millones de euros que se han repartido desde 2001 a 2010 para la formación para el empleo, se sospecha que una cantidad indeterminada podría haber tenido un uso supuestamente fraudulento. Rojas ha pedido que los reparos de la Intervención se pongan en conocimiento de la Fiscalía, y ha anunciado que el PP no descarta presentarse en esta causa como acusación particular.

La sombra de la imputación por los ERE amarga las vacaciones a Griñán y Chaves

 

El presidente andaluz, José Antonio Griñán (izda), conversa con su antecesor en el cargo, Manuel Chaves. (EFE)

Espada de Damocles. José Antonio Griñán y Manuel Chaves no van a dormir tranquilos al menos la primera quincena de agosto. Saben que en cualquier momento la juez Mercedes Alaya puede pedir la imputación en el caso de los ERE falsos. Sólo Alaya sabe el día que lo hará y puede que no sea este mismo mes, sino en septiembre o en octubre, tras tomar declaración a imputados relevantes como la exconsejera y ex ministra Magdalena Álvarez. Lo que ya nadie duda es que Chaves y Griñán (que anunció su marcha por razones personales y para no tener que dimitir tras una posible acusación de Alaya) serán imputados.

Aunque de manera oficial Alaya se toma vacaciones a partir de hoy, fuentes judiciales consultadas por El Confidencial confirman que la magistrada cuenta con medios en el juzgado para emitir un escrito para solicitar al Tribunal Supremo la imputación en la primera quincena de agosto. “En la segunda quincena ya es mucho más difícil, porque los funcionarios que están a su cargo cogerán unos días de descanso”, añaden estas mismas fuentes.

El PSOE-A ya ha dado por amortizada la imputación de Griñán y no se ha pronunciado por la probable de Chaves. Es más, el partido en Andalucía, en boca de su vicesecretario general, Mario Jiménez, sostiene que esta misma semana se procederá a la imputación y desea que el caso llegue ya cuanto antes al Tribunal Supremo, una instancia judicial que los socialistas andaluces ven mucho más fiable que la instrucción de Alaya, sobre todo, tras los casos de José Blanco y Jaume Matas.

Las polémicas declaraciones del consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, sobre la presunta “imparcialidad” de la juez han enturbiado aún más la difícil relación de la Junta de Andalucía con la magistrada sevillana. Y aunque el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, haya respaldado al exfiscal De Llera al resaltar el “respeto a la libertad de expresión” del consejero, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido al titular de Justicia de la Junta que se abstenga de efectuar comentarios sobre la labor de la juez.

 

Lera ya protagonizó otra polémica en 2012 cuando ironizó sobre la capacidad de trabajo de la instructora de los ERE falsos. “Como consejero respeto a las decisiones de la juez Alaya, aunque como jurista no las comparta; trabaja mucho, muchísimo, no sé de dónde saca tiempo para estudiar tantas cosas como estudia. Y confío mucho en ella, porque es muy trabajadora; lleva para adelante varios casos muy complejos. Y encima sigue guapa”.

Alaya contra Mohedano

Al margen de la polémica, la juez prosigue su trabajo. Alaya notificó ayer al mediodía a la partes un auto en el que impedía que el abogado José María Mohedano pudiera defender a dos imputados. Mohedano es representante legal de Antonio Lozano, viceconsejero de Presidencia de la Junta y ex director general de Presupuestos; y de Buenaventura Aguilera, sucesor de Lozano. “Esta es una decisión nueva y gravemente vulneradora del derecho a la defensa y a la libre elección del abogado en el proceso penal”, indicó Mohedano en declaraciones a El Confidencial. “Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos e incluso alguna sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla”, añade el letrado madrileño, que denuncia la “corruptela procesal” de Alaya.

Mohedano interpuso un recurso ante la juez insistiendo en la “vulneración del derecho a la libre elección del abogado a que conduce esta decisión de la Juez que se sustenta paradójicamente en la necesidad de garantizar el derecho a un proceso justo y sin dilaciones”. “En realidad”, añade Mohedano, “toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional considera que precisamente lo que puede producir las dilaciones indebidas es precisamente que las distintas partes litiguen bajo distintas defensas y por eso y para evitar esas dilaciones se les ha obligado en ocasiones a litigar bajo una misma defensa y representación”.

Rajoy noquea a la oposición reconociendo su error con humildad

DESDE EL CENTRO DEL RUEDO

Rajoy noquea a la oposición reconociendo su error con humildad

El presidente del Gobierno ha optado por admitir su error al confiar en el extesorero del Partido Popular. Rubalcaba, descolocado, ha decidido centrar su discurso en darle palos a Cospedal

Rajoy empleó frases de Rubalcaba sobre la presunción de inocencia que descolocaron al líder del PSOE. No ha tardado demasiado tiempo Mariano Rajoy en salir al ruedo, al centro de la plaza sin ningún tipo de rubor. Sin tapujos y por derecho apenas habían pasado unos minutos de discurso cuando ha dicho: "Me equivoqué, lo lamentó, me equivoqué al mantener la confianza en alguien que no la merecía". A partir de este momento, Alfredo Pérez Rubalcaba ha perdido los papeles, literalmente. La imagen del líder de la oposición era un poema. El presidente del Gobierno le ha descolocado y no ha parado desde ese momento de intentar poner en orden sus papeles. Esa ha sido la imagen ofrecida por Rubalcaba durante el discurso de Rajoy. "Rajoy ha estado colosal", ha sido uno de los comentarios más oídos en los pasillos del Senado,- hoy convertido en sala de reuniones del Congreso de los Diputados-, entre las huestes del Partido Popular. El presidente del Gobierno ha estado arropado por todo su Gobierno y por los principales dirigentes de su partido presentes en la tribuna de invitados y capitaneados por la secretaria general, María Dolores de Cospedal. El discurso de Mariano Rajoy ha sido una pieza de oratoria pensada para dejar noqueado el argumentario socialista. Nada de echar balones. Coger al toro por los cuernos y punto. Esa ha sido la estrategia elegida. El presidente ha comenzado entonando su mea culpa para acto seguido enlazar el inicio del caso Bárcenas con la trama Gürtel y aquella cacería en la que el juez Garzón se juntó en una finca de Ciudad Real con el ministro de Justicia socialista, Mariano Fernández Bermejo, ejemplo clamoroso de la componenda entre el poder político y el judicial. "Aún así, -ha dicho Rajoy,- con el gobierno del PSOE se archivó un caso que se reabrió con un gobierno del Partido Popular". Rajoy apela a su buena fe Una vez reconocido el error de confiar en una persona de la catadura moral de Luís Bárcenas, el presidente del Gobierno ha explicado el porqué. Sencillamente porque es una persona de buena fe que optó por creer a un presunto inocente hasta que se conoció la existencia de las cuentas en Suiza. Y para apoyar su postura Mariano Rajoy ha echado mano de una retahíla demoledora de citas del propio Alfredo Pérez Rubalcaba referidas a la presunción de inocencia y a la necesidad de que en un Estado de Derecho la carga de la prueba corresponda al que lanza de la acusación. En este punto, la bancada popular estaba en plena ebullición. Rubalcaba no paraba de mover sus papeles. Para terminar, Rajoy ha puesto la guinda al pastel con el anuncio de una serie de medidas, en la línea de las ya anunciadas en el Debate sobre el estado de la Nación, encaminadas a mejorar la transparencia de los partidos políticos.

Rajoy a Rubalcaba: #findelacita

El PP pide al bipartito que “se tome en serio la elaboración del presupuesto” tras el “éxito” del acuerdo de CPFF

El PP pide al bipartito que “se tome en serio la elaboración del presupuesto” tras el “éxito” del acuerdo de CPFF

• Rafael Carmona exige a PSOE e IU que hagan públicas ya las líneas generales del presupuesto autonómico de 2014
• Lamenta que el bipartito se dedique a “sestear” mientras resuelve sus problemas internos para conformar el gobierno de Susana Díaz

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El portavoz de Economía del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Rafael Carmona ha exigido hoy al bipartito andaluz que haga públicas ya las líneas básicas del presupuesto de 2014 tras el acuerdo alcanzado ayer en la reunión del Consejo de política Fiscal y Financiera.

Carmona calificó como un “éxito, a pesar de la disparidad de apoyos” el acuerdo alcanzado ayer en el CPFF tras una reunión que, a priori, “era bastante complicada”, toda vez que el pasado año concluyó con el “portazo” de la consejera andaluza, Carmen Martínez Aguayo.

Afirmó que el acuerdo que sitúa el objetivo del déficit en Andalucía en el 1,58% de PIB y el nivel de endeudamiento en el 16,6% demuestra, “una vez más” el “apoyo del 100%” del gobierno de Mariano Rajoy a Andalucía, para que la comunidad “no sea la última en la salida de la crisis” pero para ello “hace falta también que desde aquí los que gobiernan se lo tomen en serio”.

En este sentido, resaltó que gracias al gobierno de Rajoy, “la financiación para España ya no es un problema” y que, igualmente, “para Andalucía ya no debe de ser un problema la elaboración del presupuesto, pero para ello necesitamos un gobierno valiente capaz de tomar importantes decisiones y no solo medidas de cara a la galería”. Así preguntó si “se ha dictado ya la orden de instrucción de los presupuestos”, un trámite que se ha hecho anualmente en torno al mes de mayo y que ya el pasado año, tras la entrada de IU en el bipartito, no se llevó a cabo. Por ello, apremió a PSOE e IU a que “hablen ya de las líneas básicas para los presupuestos”.

“Que nos digan las líneas maestras del presupuesto para 2014, cuáles van a ser los objetivos y si son capaces de hacer un presupuesto”, dijo el dirigente popular, quien manifestó que en Andalucía, “tenemos un presidente que no está”, y “hemos perdido año y medio sin gobierno en el que lo único que estaban haciendo era defenderse de lo hecho durante diez años en la consejería de empleo –en referencia al caso ERE- y han arrastrado a sus socios de gobierno en IU”.

Además, se preguntó “quién va a elaborar los presupuestos”, ya que auguró la salida de Aguayo del gobierno andaluz una vez que tome posesión Susana Díaz y forme un nuevo gobierno en la Junta de Andalucía. A su juicio, esta decisión no se producirá al menos hasta finales de septiembre, algo que, consideró, es un “lujo”, ya que “no podemos permitirnos que en las situación tan grave en la que estamos se dediquen a sestear, a veranear y a estar mano sobre mano” mientras resuelven sus problemas internos como “qué provincia va a tener más peso político” en la Junta.

Rafael Carmona culpó de esta situación al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ya que “para resolver su problema de huida por culpa de los ERE ha tenido a Andalucía parada durante año y medio”.

El PP denuncia ante la Fiscalía la liquidación de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir

El PP denuncia ante la Fiscalía la liquidación de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir

31 julio 2013 - Noticias, Provincia

Virginia Pérez

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El PP de Sevilla ha presentado ante la Fiscalía de Sevilla una denuncia contra la liquidación de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, la cual, en la actualidad, debe asumir el pago de 6.008.324,17 euros como consecuencia de los reintegros de subvenciones que le fueron concedidas.

En el escrito, hasta diez portavoces del PP de diferentes municipios de Sevilla, que pertenecen a la mancomunidad, denuncian que “la dejadez de la entidad en las funciones de supervisión, ejecución y justificación de las subvenciones ha ocasionado un perjuicio económico grave contra su patrimonio”.

En la presentación de la denuncia ante la Fiscalía, la diputada provincial del PP Virginia Pérez ha asegurado que no van a “aceptar un cierre en falso de la mancomunidad con más de 50 millones de deuda”, por lo que exigen “responsabilidades y no solo políticas”.

De esta manera, la entidad pide que se abran diligencias contra el expresidente de la mancomunidad y exalcalde del municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca, Antonio Maestre (PSOE), y contra el exgerente de la misma, José Antonio Navarro.

Según los portavoces, en una sesión extraordinaria de la mancomunidad “se puso de manifiesto que durante 2011 existía remanente negativo de tesorería de doce millones de euros”.

Así, durante 2004 y 2008, la mancomunidad había recibido determinadas subvenciones concedidas por diferentes administraciones. “La memoria justificativa de la solicitud de una de las subvenciones contenía la realización de unos gastos y un destino que luego no se ha correspondido con los gastos realizados y el destino dado a la subvención”, declaran en el escrito.