La Junta pone más trabas al empresariado con la exigencia de planes de salud
Defensa de la Competencia afirma que este requisito no está justificado, una opinión que comparte Fadeco
La Junta de Andalucía evaluará el impacto en la salud de los proyectos urbanísticos,
las industrias y las actividades cercanas a poblaciones sometidas a
instrumentos de prevención y control ambiental, según el decreto
aprobado ayer por el Consejo de Gobierno.
El procedimiento se basa en dos documentos, la Valoración de Impacto en
la Salud que debe presentar el promotor, y el informe de impacto que
sobre ella realizará la Consejería de Salud,
informó en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel
Vázquez. La medida fue ayer criticada por la organización empresarial Fadeco, por entender que supone una nueva traba burocrátrica al desarrollo económico, e incluso el Consejo de Defensa de la Competencia, un órgano de la propia Administración andaluza,
consideró en un informe que «la necesidad de este nuevo requisito de
acceso al mercado no se encuentra justificada y resulta
desproporcionada. El nuevo documento –resalta– entraña una evidente
carga administrativa para las empresas, con el consiguiente incremento
de los costes de entrada en el mercado a los nuevos operadores».
El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno se dirige a valorar los efectos directos e indirectos que
sobre la salud de la ciudadanía pueden tener, por ejemplo, las medidas
para disminuir la exposición a la contaminación del tráfico o la
dependencia del vehículo privado, la ubicación de un vertedero de
residuos peligrosos o el establecimiento de industrias cementeras,
cerveceras. También se incluyen los desarrollos urbanísticos que afecten a áreas socialmente desfavorecidas.
Según Defensa de la Competencia, la normativa andaluza «va
más allá de lo establecido en la ley estatal, al someter a evaluación de
impacto en la salud ciertas actividades y obras privadas, y exigiendo
que los titulares o promotores presenten un documento de valoración».
Esta exigencia, sostiene Defensa de la Competencia, «constituye una barrera económica para los operadores económicos que puede desincentivar su entrada a los mercados afectados por la aplicación de la evaluación de impacto en la salud».
Por su parte, Francisco Carmona, presidente de Fadeco,
la patronal andaluza de la construcción, manifestó a ABC ayer que aún
no había leído la «letra pequeña» del decreto, por lo que desconocía los
efectos que pudiera tener en su sector. En cualquier caso, significó
que se trata de una norma que viene a «poner en evidencia que lo que se
acuerda en el Consejo de Gobierno dista mucho de lo que predica un día sí y otro también,
que es favorecer la actividad empresarial, la iniciativa privada, la
defensa de la libre empresa y la simplificación administrativa».
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