Nueva investigación sobre el fraude de los fondos de formación de la Junta en Sevilla
El juzgado de instrucción 16 de Sevilla indaga bajo secreto sumarial el reparto de los cursos a otras empresas
El fraude en los cursos de formación de la Junta de
Andalucía se extiende. El juzgado de instrucción número dieciséis de
Sevilla, el mismo que lleva el caso Invercaria y las nueve causas abiertas sobre el uso de las transferencias de financiación en otras tantas empresas públicas, ha abierto nuevas diligencias previas por fraude en los cursos de formación, en este caso en la provincia de Sevilla.
Según confirmaron fuentes judiciales, la nueva investigación, muy reciente y aún en fase inicial,
se originó después de que dentro de las pesquisas que lleva a cabo la
Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (la UDEF) en la denominada
«Operación Edu» se descubriera que la Delegación Provincial de Sevilla había actuado de la misma manera con fondos de formación otorgados a numerosas empresas de Sevilla.
A raíz de ello se envió el caso a Sevilla y por reparto recayó en el juzgado que dirige Juan Gutiérrez Casillas, quien decretó el secreto del sumario por
necesidades de las pesquisas policiales. Ahora está a la espera de los
resultados de la investigación policial tras lo cual el fiscal deberá
decidir cuales son los próximos pasos a seguir. Si pedir diligencias y
declaraciones o archivarlo. «Parece muy gordo, podría ser una nueva
macrocausa», aseguran fuentes judiciales.
Esta investigación se suma a la que lleva a cabo la UDEF en
varias provincias y que, según los últimos datos conocidos del informe
policial, sirvió para montar una «red clientelar» para una supuesta compra de votos.
Ese informe señalaba que la Dirección General de Empleo otorgó más de
400 millones en los meses previos a las municipales de 2011. Además
hablaba de relaciones «entre partidos políticos y sindicatos»y los
beneficiarios de las ayudas y aseguraba que era esta condición la que
les facilitó el acceso a estas subvenciones, que de otro modo no
hubiesen logrado al no cumplir los requisitos legales. En cuanto a
Sevilla, aunque el secreto impide conocer más datos, la Cámara de Cuentas
detectó que más del 90 por ciento de los cursos de formación a
desempleados no fueron controlados y más de un 75 por ciento de los
dirigidos a ocupados no fueron comprobados.
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