PP-A afirma que el último auto de Alaya evidencia que la "investigación está cada vez más cerca" de Susana Díaz

   El PP-A ha manifestado este miércoles que el último auto de la  juez que investiga el caso de los ERE irregulares, Mercedes Alaya, ampliando formalmente la investigación, que hasta ahora se limitaba al periodo comprendido entre 1999 y 2010, a las ayudas concedidas por la Junta durante 2011 y 2012, pone de manifiesto que la investigación "está cada vez más cerca" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

   Así se ha pronunciado el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, durante su intervención en la Diputación Permanente para defender una petición de pleno extraordinario en julio en el que compareciera Díaz para dar explicaciones sobre los casos de corrupción en Andalucía y que finalmente ha sido rechazada por PSOE-A e IULV-CA.

   Para Carlos Rojas, el auto de la juez que se ha conocido este miércoles quiere decir que la investigación "está cada vez más cerca" de Susana Díaz; que ésta es "responsable política de todo lo que está pasando", y que tiene que dar la cara en el Parlamento y explicar todos los casos de corrupción a los andaluces.

Moreno Bonilla impulsa una Ley de Inclusión Social

P. D. A. / Málaga

Día 17/07/2014 - 08.46h

Incluirá una Renta Básica, propuesta por el bipartito y más tarde «olvidada» por el Ejecutivo andaluz

El presidente de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha aprovechado este miércoles una visita a la Fundación Corinto de Málaga, que atiende a 763 familias en situación de grave riesgo de exclusión social, para criticar los recortes de la Junta en este ámbito y anunciar una Ley de Inclusión Socialque inluirá la Renta Básica.

El dirigente popular recordó que la propuesta que su partido llevará al Parlamento es «una promesa largamente incumplida», al igual que la Renta Básica, que el bipartito ha «olvidado» en un grupo de trabajo que lleva dos años debatiendo.

«Creemos que hay que sacarlo ya a la luz», dijo, para afirmar que se trata de un eje «fundamental» de la Ley de Inclusión, para «garantizar unas condiciones de vida dignas a aquellos andaluces que están en situación de riesgo».

Moreno Bonilla recordó que en los dos últimos años el Gobierno andaluz ha recortado 269 millones en políticas sociales, con 62.000 millones de presupuestos autonómicos. Por ello, consideró que «hay margen para que el gobierno andaluz priorice y ponga a las personas por delante de otro tipo de gasto».

Andalucía es la comunidad con la tasa más elevada de riesgo de pobreza y de exclusión social, con una media de 38,3 por ciento frente a un 27,3 de media nacional. Es también la segunda comunidad donde más ha crecido la pobreza en época de crisis, con un 11 por ciento frente al 1,7 del conjunto del país.

La Junta ha manipulado los documentos de los expedientes

Una secretaria de Empleo insiste en que se eliminaron documentos que podían incriminar a otras personas

abc

Francisco Javier Guerrero, en los Juzgados

María José Rofa, que fuera secretaria en la Dirección General de Empleo, ha acusado hoy a la Junta de Andalucía de manipular los documentos de los expedientes de los ERE. Rofa, que trabajó junto al exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero y que hoy estaba citada como imputada, se ha acogido a su derecho para no declarar pero ha presentado a la juez una nota por escrito.

En ese documento, que Alaya ha incorporado a las diligencias, la secretaria asegura que la Junta de Andalucía ha manipulado los documentos de los expedientes e incuso afirma que ello se ha hecho para incriminar a otras personas. Además Rofa, que no ha declarado acogiéndose a que los expedientes de Altadis y A Novo no estaba completos, ha insistido en que esa manipulación supuso también la inclusión de correos electrónicos suyos en la documentación para incriminarla a ella.

La declaración de Guerrero

Francisco Javier Guerrero, exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucia y uno de los principales imputados en el caso de los ERE fraudulentos se ha acogido a su derecho hoy y no ha declarado ante la juez Mercedes Alaya que lo había citado nuevamente.

El exdirector de Trabajo, que ha llegado  sonriente a los juzgados, ha permanecido en el despacho de la juez durante apenas unos minutos, tras lo cual ha abandonado los juzgados en compañía de su abogado, Fernando de Pablo.

Este último ha explicado que su cliente, que normalmente casi siempre ha declarado ante la instructora de sumario, no lo ha hecho en esta ocasón porque se siente «indefenso» para poder defenderse ya que no conoc el contenido de muchas declaraciones que hay en la causa porque la juez no les ha dado traslado de ellas.

Según Fernando de Pablos, su cliente no se puede defender ya que en las diligencias, según ha dicho, existe «una especie de secreto del sumario encubierto». Ahora está declarando Juan Márquez, que sucedió a Guerrero en la Dirección General de Trabajo y, tras él, le tocará el turno al sucesor de éste último, Daniel Alberto Rivera. Todo indica que ninguno de ellos declarará tampoco.

Nueva investigación sobre el fraude de los fondos de formación de la Junta en Sevilla

El juzgado de instrucción 16 de Sevilla indaga bajo secreto sumarial el reparto de los cursos a otras empresas

El juez Juan Gutiérrez Casillas investiga el fraude en los cursos de formación

El fraude en los cursos de formación de la Junta de Andalucía se extiende. El juzgado de instrucción número dieciséis de Sevilla, el mismo que lleva el caso Invercaria y las nueve causas abiertas sobre el uso de las transferencias de financiación en otras tantas empresas públicas, ha abierto nuevas diligencias previas por fraude en los cursos de formación, en este caso en la provincia de Sevilla.

Según confirmaron fuentes judiciales, la nueva investigación, muy reciente y aún en fase inicial, se originó después de que dentro de las pesquisas que lleva a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (la UDEF) en la denominada «Operación Edu» se descubriera que la Delegación Provincial de Sevilla había actuado de la misma manera con fondos de formación otorgados a numerosas empresas de Sevilla.

A raíz de ello se envió el caso a Sevilla y por reparto recayó en el juzgado que dirige Juan Gutiérrez Casillas, quien decretó el secreto del sumario por necesidades de las pesquisas policiales. Ahora está a la espera de los resultados de la investigación policial tras lo cual el fiscal deberá decidir cuales son los próximos pasos a seguir. Si pedir diligencias y declaraciones o archivarlo. «Parece muy gordo, podría ser una nueva macrocausa», aseguran fuentes judiciales.

Esta investigación se suma a la que lleva a cabo la UDEF en varias provincias y que, según los últimos datos conocidos del informe policial, sirvió para montar una «red clientelar» para una supuesta compra de votos. Ese informe señalaba que la Dirección General de Empleo otorgó más de 400 millones en los meses previos a las municipales de 2011. Además hablaba de relaciones «entre partidos políticos y sindicatos»y los beneficiarios de las ayudas y aseguraba que era esta condición la que les facilitó el acceso a estas subvenciones, que de otro modo no hubiesen logrado al no cumplir los requisitos legales. En cuanto a Sevilla, aunque el secreto impide conocer más datos, la Cámara de Cuentas detectó que más del 90 por ciento de los cursos de formación a desempleados no fueron controlados y más de un 75 por ciento de los dirigidos a ocupados no fueron comprobados.