Un juez reprocha a la Junta de Andalucía que gaste un «dineral» en una fundación ineficaz

En una sentencia que avala el despido de un técnico de Andalucía Emprende afirma que «no cabe imaginar empresa pública más ineficiente»

efe

Susana Díaz

El caudal millonario de fondos públicos que la Junta de Andalucía destina cada año para mantener su abundante red burocrática ha dejado pasmadas hasta a las autoridades encargadas de impartir justicia. El juez de lo Social número dos de Córdoba, Manuel Oteros Fernández, ha mostrado su desconcierto por el «dineral» (así lo ha calificado) que cuesta «al sufrido contribuyente» Andalucía Emprende, una fundación adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que asesora a empresarios en ciudades y zonas rurales sobre cómo montar un negocio. Para desempeñar este trabajo cuenta con 215 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, los denominados CADE, atendidos por equipos de técnicos.

El magistrado también cuestiona la utilidad de esta entidad pública que se financia exclusivamente a través de subvenciones procedentes de los presupuestos de la Junta y que está concebida para combatir el desempleo en la comunidad con la tasa de paro más alta de Europa (36%). «No cabe imaginar empresa pública con menos control y más ineficiente», asegura en una sentencia dictada el pasado 14 de enero. En la resolución, a la que ha tenido acceso ABC, desestima la demanda que interpuso el técnico F.M.S.B., despedido por la fundación el pasado septiembre. Sin que ningún jefe se percatara de su pluriempleo, el demandante compaginó durante más de un año el trabajo en Andalucía Emprende con su actuación como abogado en casi sesenta pleitos contra la misma Consejería a la que en teoría servía y que le pagaba un «sueldo nada despreciable» de 2.771 euros mensuales.

La incompatibilidad en la que incurrió este exempleado queda en un segundo plano comparada con las demoledoras críticas que el togado vierte sobre este organismo, perteneciente a la vasta «Administración paralela» de la Junta, que trascienden el ámbito laboral. «La imagen que ha proyectado el actor con su conducta, al evidenciarse ésta, es la de una fundación dotada de un personal altamente cualificado y retribuido sobre el que no existe el más mínimo control», señala su señoría. Un personal «que cuesta al sufrido contribuyente un dineral y cuyas funciones y utilidad práctica y efectiva no ha sido este juzgador capaz de descubrir, pese a la bonita información extraída de la web oficial de la misma», agrega en tono irónico.

Pero, ¿a cuánto asciende el «dineral» al que se refiere al juez? ¿Cuántos recursos públicos dedica la Consejería de Economía a este organismo satélite creado en 1999 al margen de la Función Pública? El pasado 16 de octubre el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, ofreció datos precisos sobre lo que cuesta a los andaluces sostener esta megaestructura que emplea a cerca de un millar de trabajadores. En un informe remitido al Grupo Popular en respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero, el responsable autonómico reveló que entre 2009 y 2012 destinó hasta 200,4 millones de euros en subvenciones a la Fundación Andalucía Emprende con cargo a los presupuestos. Las cantidades transferidas no bajan de los 36 millones de euros anuales a pesar de que han ido menguando a medida que se agravaba la crisis: 70,75 millones en 2009; 49,28 millones en 2010; 44 en 2011 y 36,37 en 2012, el último ejercicio con las cuentas liquidadas. Ocho de cada diez euros que se traspasa a la fundación pública se emplean en pagar nóminas y cotizaciones.

Al tratarse de un ente de la «Administración paralela», el dinero que ingresa no está sometido a los rigurosos filtros de control de los órganos fiscalizadores y administrativos o al escrutinio de los grupos parlamentarios impuesto a la Administración reglada. Andalucía Emprende es un calco que la extinta Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que está siendo investigada por la instructora del caso ERE, Mercedes Alaya, por haber recibido 49,5 millones de la Junta para cursos de formación sin presentar «justificación alguna».

El descontrol reina también en la Fundación Andalucía Emprende, según ha constatado el juez de lo Social a partir de los testimonios de los jefes del empleado despedido. «En cuanto a la imagen y/o prestigio de la fundación, igualmente ha quedado dañada, pues no cabe imaginar empresa pública con menos control y más ineficiente al no haber detectado el comportamiento del actor desde el minuto cero de su actuación», advierte.

No menos reprobable considera el magistrado la pasividad de su responsable directa, que «tiene la desfachatez de contestar a su director provincial que si quiere hacer el seguimiento de uno de los trabajadores a su cargo, que contrate a un detective». «Esa mera contestación en cualquier organización que se pretenda eficiente no puede tener como consecuencia más que una imposición de una sanción al que la formula», concluye la sentencia.