Andalucía / La junta arde en conflictos
Las protestas se intensifican en el «nuevo tiempo»
Día 02/02/2014 - 08.31h
Numerosos colectivos manifestan su oposición a las políticas del Gobierno andaluz con encierros, movilizaciones y denuncias en los tribunales
Cuando aún no se han cumplido cinco meses desde que la
nueva presidenta de la Junta, Susana Díaz, tomara posesión del cargo e
inaugurara, según sus palabras, un «nuevo tiempo» en la política
andaluza, las protestas contra el Gobierno bipartito no
sólo han entrado en un proceso de apaciguamiento, sino que se han
acrecentado. Algunas, como la respuesta de los sindicatos de
funcionarios a la reodenación de la Administración (ley del enchufismo) y
los problemas con Delphi vienen de lejos.
Pero otras se han fraguado en las últimas semanas o en los últimos
días. Ahí están las reivindicaciones de los monitores administrativos o
el rechazo a los recortes que sufren los trabajadores de la Agencia de
Medio Ambiente y Agua (Amaya) y sus efectos en el Plan Infoca.
Encierro contra los recortes
La Consejería de Medio Ambiente es el departamento que ha
sufrido en el presupuesto de la Junta del presente año el mayor ajuste,
un 12,4 por ciento menos que en 2013, circunstancia que ha derivado en
un importante recorte, del 25 por ciento, en la nóminas de los
trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
(Amaya), los cuales respondieron con un encierro de delegados sindicales en la Catedral de Sevilla.
La medida impuesta por la Junta afectaba a 5.000 personas, de las
cuales 3.500 pertenecen al Plan Infoca de lucha contra los incendios
forestales, a los que también se les reducía drásticamente la jornada
laboral, en algunos caso limitada a un mes. En la tarde del pasado
viernes, representantes de la Consejería y de los sindicatos alcanzaron
un acuerdo que suponía la retirada de las medidas traumáticas. En la madrugada del sábado se lograba el acuerdo y se dejaba el encierro tras la negociación.
La Consejería de Hacienda tenía necseidad de aplicar recortes en todas
las agencias de la Junta. Los trabajadores se mostraron incluso
dispuestos a aceptar alternativas al recorte salarial, como son las
prejubilaciones voluntarias.
El enfado de los monitores
Los 840 monitores administrativos de centros escolares despedidos por la Consejería de Educación se encuentran «en pie de guerra» desde que se decidió que sus puestos de trabajo fueran ocupados por un personal distinto
y a través de un concurso convocado por el Servicio Andaluz de Empleo.
«Del colectivo que veníamos trabajando con anterioridad no han llamado a
ninguno y me consta que ya se están poniendo reclamaciones en las
oficinas del SAE», aseguró a ABC Virginia Vázquez, representante del
colectivo.
Señaló que el consejero de Educación, Luciano Alonso, «se
mantiene en la postura de la soberbia y culpa a los sindicatos» de que
se haya producido el despido masivo de los monitores. «No entendemos que
un sindicato tenga que darle permiso a la Junta para contratarnos. Pero
no nos vamos a callar porque tenemos razón y lo que se ha hecho con
nosotros no se puede consentir». El miércoles volverán a repetirse las
concentraciones ante las sedes de la Consejería de Educación, y el día
13 mantendrán una reunión con miembros de Comisión de Educación del
Parlamento. Tienen el mes de febrero para que se dé marcha atrás, ya que
el 1 de marzo sus antiguos puestos de trabajo deben estar cubiertos.
Contra el enchufismo
El proceso de reordenación de la Administración andaluza a
través de la denominada «ley del enchufismo» ha sido una de las medidas
más contestadas, hasta el punto que consiguió la unidad de acción de
todos los sindicatos afectados, salvo UGT y CC.OO, que se alinearon con el Gobierno.
Pese a la lluvia de recursos presentados en los tribunales por
organizaciones como CSIF y SAF, la Junta se ha mantenido en sus trece,
favorecida últimamente por las sentencia del Tribunal Supremo. Aunque
los trabajadores han abierto una especie de compás de espera y las
protestas en la calle han cesado, no se descarta una nueva campaña de
movilizaciones. Y aún confían en que el Constitucional invalide de principio a fin la actuación de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
empeñada, según CSIF y SAF, en mantener situaciones como la de otorgar
potestades administrativas al personal no funcionario. Además, critican
la paralización que sufren las carreras de los funcionarios y laborales
por la falta de ofertas de empleo, mientras que en paralelo se sigue
colocando al «personal externo» en la conocida como «Administración
paralela», sin los requisitos de «igualdad, mérito y capacidad», según
denunció a este periódico un portavoz de CSIF.
Salud y Educación
Dos sectores «estrella» de la política de la Junta, como
son el de la Salud y el de la Educación, no han escapado de la reducción
de sus presupuestos. Los planes de ajuste han traído consigo recortes
en las nóminas, la desaparición de las ayudas sociales, despidos de
interinos docentes, la proliferación de contratos eventuales y
un malestar generalizado entre los profesionales, que lo han puesto de
manifiesto en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos meses. Las
puertas del Parlamento andaluz ha sido escenario de concentraciones de
protesta contra las restricciones presupuestarias en materia de
Educación, y la misma situación se ha vivido ante los centros hospitalarios de la Comunidad.
En estos últimos las críticas se han sucedido últimamente por parte de
los sindicatos debido a la saturación en momentos puntuales de las
urgencias a causa de la gripe, lo que ha obligado a la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales a reforzar el personal y a poner en
servicio nuevas camas.
Colapso en los juzgados
Con encierros, protestas y declaraciones de rechazo de los
sindicatos más representativos del sector fue recibido el anuncio del
consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, de poner en marcha la
nueva Oficina Judicial para la unificación de servicios procesales en
todas las provincias de la Comunidad. Las organizaciones sindicales
prevén que este nuevo instrumento provocará más despidos, mayores
retrasos en la tramitación de los asuntos legales y un mayor colapso de
los juzgados. La futura creación de la Oficina ha levantado ampollas y
ha llevado el descontento a un colectivo de funcionarios que vive
permanentemente inmerso en una situación conflictiva por la falta de
recursos materiales y humanos. La pasada semana, sin ir más lejos, se produjo la última petición a la Junta por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA), Lorenzo del Río, para que dote de mayores efectivos a los
juzgados que son de su competencia y están, dijo, «saturados de
trabajo».
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