Diez fechas claves para no perderse en el fraude de los ERE
Alaya corona, a los tres años y tres meses de instrucción, la cima de su metafórica pirámide de los responsables
Auto a auto, la juez Mercedes Alaya ha ido subiendo peldaños en la causa de los ERE fraudulentos y en el rango de los imputados en la mayor trama contra la corrupción que ha conocido la democracia. ABC repasa los principales hitos tras más de tres años de instrucción:
Enero 2009: Mercasevilla, el origen
La investigación arranca dos años antes con una petición de comisiones por parte de los directivos de Mercasevilla a dos empresarios a cambio de una ayuda autonómica de 900.0000 euros para montar una escuela de hostelería. La conversación, grabada el 26 de enero de 2009 y publicada en exclusiva por ABC, recogía frases tan premonitorias como «la Junta colabora con los que colaboran» que pusieron a la juez Mercedes Alaya en la pista del fraude.
Noviembre 2010: Primeros intrusos
Mercasevilla revela que figura como beneficiario de los ERE
una persona que nunca trabajó para esta empresa municipal. Se trata de
un dirigente local del PSOE en Baeza (Jaén): Antonio Garrido Santoyo. Era el primer intruso incluido en un expediente subvencionado por la Junta de Andalucía.
Diciembre 2010: «Fondo de reptiles»
El exdirector general de Trabajo de la Junta entre 1999 y 2008, Francisco Javier Guerrero,
declara a la Policía que la Junta disponía «un fondo de reptiles» para
ayudar a empresas en crisis al margen de la ley. Empleo dispuso de 647 millones repartidos sin control. La Junta abre una investigación paralela al proceso judicial.
Marzo 2011: De los «tres golfos» a los 126
El exconsejero de Empleo Manuel Recio calcula en «sólo» 9 millones el dinero cobrado por 72 intrusos (falsos trabajadores) en ERE. En realidad eran al menos 130. El expresidente andaluz Manuel Chaves echa la culpa a «cuatro golfos» que hicieron un mal uso deun procedimiento legal, a su juicio, para repartir fondos con la partida 31L.
Febrero 2012: «Mordidas»
Pronto se supo que los intrusos eran una mera anécdota en la trama. Se repartieron 127,76 millones en ayudas ilegales a empresas, además de 50 millones en comisiones a mediadores de hasta el 200%. El exsindicalista de UGT Juan Lanzas amasó una fortuna de 13,4 millones de euros al calor de las subvenciones que gestionaba. UGT y CC.OO. participaron en el lucrativo negocio del desempleo.
Marzo 2012: Cocaína, copas y regalos
El caso llegó a su punto más sórdido. En marzo de 2012 el antiguo chófer de Guerrero revela a Alaya que llegó a gastarse 25.000 euros al mes en la compra de cocaína
para consumo propio y de su jefe con el dinero de las ayudas públicas
que recibieron irregularmente sus empresas fantasma. El ex alto cargo
también habría recibido entre 60.000 y 80.000 euros en metálico de su conductor y un piano.
Abril 2012: Antonio Fernández, a prisión
De madrugada, en plena Feria de Abril de Sevilla, la juez Mercedes Alaya ordena el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el exconsejero Antonio Fernández, imputado
por seis delitos en el caso de los ERE. Se convierte en el primer
exconsejero andaluz que entra en la cárcel en la democracia.
Marzo y octubre 2013: «Operación Heracles»
Alaya desplegó dos macrorredadas contra el supuesto cobro de «sobrecomisiones»
por parte de las mediadoras que se lucraron con pólizas subvencionadas.
La actuación de la Guardia Civil, que se desarrolló en dos fases, en marzo y octubre de 2013, arrojó más de 30 detenidos.
Julio 2013: Álvarez y 19 cargos imputados
La juez entra de lleno en la rama política de la trama con la imputación de Magdalena Álvarez, exministra y exconsejera de Hacienda, así como a 19 altos cargos de la Junta por
permitir el «dispendio» de fondos públicos durante una década, entre
ellos el exinterventor general de la Junta de Andalucía desde 2000 a
2010, Manuel Gómez.
Septiembre 2013: Griñán y Chaves, en el disparadero
Alaya anuncia en un auto, que trascendió en plena toma de posesión del nuevo Ejecutivo de Susana Díaz, la preimputación de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y cinco consejeros de sucesivos gobiernos socialistas: José Antonio Viera (Empleo y Desarrollo Tecnológico), Francisco Vallejo (Innovación, Ciencia y Empresa), Carmen Martínez Aguayo (Hacienda y Administración Pública), Antonio Ávila (Economía, Innovación, Ciencia y Empleo) y Manuel Recio (Empleo). En diciembre pasado, la Audiencia de Sevilla anuló el auto, pero Alaya hizo otra resolución señalando de nuevo a los altos cargos aforados.
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