Sindicalistas de UGT afiliados a la buena vida

La Agencia Tributaria ha remitido a la juez de los ERE gastos de la federación del metal de UGT de cien mil euros en chacinas, queso, vino, aceite, joyas y moda...

j. flores

Manuel Pastrana y Francisco Fernández en una imagen de archivo

El informe que la Agencia Tributaria remitió al juzgado de instrucción número seis, el que investiga el caso ERE, revela sobre ITG, una de las aseguradoras del sindicato UGT, gastó buena parte del dinero, cerca de 100.000 euros en joyerías, artículos de regalo, productos de alimentación y bebidas. O lo que es lo mismo en chacinas, quesos, vino, tabaco, joyas y hasta moda. De hecho, el informe de la Agencia Tributaria unido al sumario y enviado a la juez Mercedes Alaya, al que ha tenido acceso ABC, señala algunas operaciones que considera «de trascendencia en las investigaciones».

Entre esos gastos que han llamado la atención del Ministerio de Hacienda se encuentran importantes cantidades que demuestran que los «compañeros del metal» eran aficionados a la buena mesa. Así, aparecen gastos en varias empresas de quesos por valor de más de 11.258 euros. En el año 2007 la Agencia Tributaria imputa a la aseguradora del sindicato un gasto de 4.652 euros en Quesos y Jamones Morán C.B, una empresa de Cáceres que vende quesos de oveja y cabra, tortas de queso, queso portugués, chorizos y salchichones, jamones, paletas, lomo, bacalao y un amplio surtido en loncheado. Al año siguiente, en 2008, siguieron comprando queso aunque cambiaron de empresa.Se gastaron 3.309 en Quesos del Principado de Asturias.

También compraron chorizos y otros embutidos. En los años 2010 y 2011 se gastaron también más de once mil euros en Chacinera Sierra del Santo S.L., una empresa del sector cárnico. Para acompañar esas viandas también encargaron vino. Así, se gastaron —siempre según la Agencia Tributaria— unos 13.300 euros en 2006, 2007, 2008 y 209, Vitis et Vinum S.L. que vende bebidas y tabaco. Tampoco les faltó un buen aceite. En el año 2010 se gastaron 3.564 euros en Almazaras de la Subbética S.L. una empresa de Carcabuey (Córdoba) que vende una selección de aceites de oliva que han sido premiados varias veces.

Esos no son los únicos gastos que llaman la atención a Hacienda. También aparece en el año 2011 compras por valor de 3.563 euros en Niza Moda S.L, una empresa que vende ropa de mujer a través de internet. El más barato cuesta menos de 70 euros, pero también los hay de 260 euros.

En joyas se gastaron más de 20.000 euros. En el año 2006 fueron 16.949 en Jaspe Joyeros, y al año siguiente, 3.467 en Center Jewel. Y en Artur Regalos más de 34.800. Eso sin contar otras cantidades en viajes.

El PP demanda a Díaz que tome medidas contra la «mala gestión» de las empresas públicas de la Junta

Denuncia las «pérdidas» de más de un millón de euros anuales de Intasa, que gestiona cuatro hoteles

Virginia Pérez ha reprochado que no se haya puesto en marcha el comité de expertos que prometió Díaz

El PP-A ha anunciado este domingo su intención de analizar la situación, una por una, de las empresas públicas de la Junta y ha exigido a la presidenta andaluza, Susana Díaz, que tome ya medidas para acabar con «la mala gestión» que se está llevando a cabo en las mismas y que supone la «pérdida» constante de dinero público anualmente.

La vicesecretaria general del PP-A, Virginia Pérez, ha reprochado a Susana Díaz que aún no haya cumplido con su compromiso de investidura sobre la puesta en marcha de un comité de expertos «que iba a hacer una valoración y análisis sobre el futuro de las empresas públicas y de esa administración paralela que tantos recursos consume y que tan pocos resultados da». Como ejemplo de la «mala gestión» que se está haciendo en las empresas públicas, la dirigente popular se ha referido a Intasa (Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A.), dependiente de la Consejería de Turismo y Comercio y que tiene a su cargo la gestión de cuatro hoteles de capital público.

Según ha explicado, dos de esos hoteles se encuentran en la provincia de Córdoba, en Montoro y Cabra, y ni siquiera son gestionados directamente por Intasa, sino por empresas privadas que abonan a la Junta 53.000 euros anuales. Otro de los hoteles, según ha agregado, se encuentra en Archidona (Málaga) y sí es gestionado directamente por Intasa, si bien el resultado es de 1.200 pernoctaciones anuales (unas dos personas por noche) y supone un gasto de 800.000 euros en personal. El cuarto de los hoteles, según ha explicado Pérez, se encuentra en Ríotinto (Huelva) en un estado de «abandono» absoluto y jamás ha estado en funcionamiento.

La dirigente popular ha mostrado su preocupación por esta situación, puesto que Intasa tiene un capital social público de once millones de euros y desde 2002 se ha tenido que ir aumentando anualmente para «tapar las pérdidas y los agujeros» de más de un millón de euros por ejercicio. Ha indicado que este es solo un ejemplo de esa «mala gestión» que se está dando en empresas públicas de la Junta y ante la que la presidenta aún no ha tomado medidas, según ha denunciado. «Díaz se tiene que poner las pilas y empezar a tomar decisiones, con expertos o sin expertos», según ha expresado Virginia Pérez, para quien la presidenta está haciendo una clara «dejación de funciones» si no pone freno a esta situación.

De otro lado, la dirigente del PP-A ha demandado a la presidenta que dé explicaciones sobre a «dónde han ido a parar 200 millones de euros de los fondos europeos para prevención de riesgos laborales». «Díaz no puede seguir con la táctica del avestruz, sino que tiene que salir a la palestra y explicar a los andaluces qué ha pasado con esos 200 millones de euros, que diga dónde están», ha indicado Virginia Pérez, para quien mientras más tarde la presidenta en hacerlo, «más sospechas se estarán generando sobre la gestión de esos fondos».

Un ex alto cargo de la Diputación de Granada cobró más 10.000 euros al mes en sobresueldos

José María Aponte (PSOE) percibía dietas por desplazamientos a lugares de trabajo o por acudir a actos públicos

abc

El exvicepresidente socialista José María Aponte (izquierda) junto al actual presidente de la Diputación

«Los sobresueldos han sido un invento de PSOE e IU para llevarse la nómina multiplicada por dos cada mes», denuncia el diputado delegado de Función Pública, Francisco Javier Maldonado (PP), al referirse a la nómina de algunos cargos del anterior gobierno de la Diputación Provincial. En especial, Maldonado ha lanzado duras críticas al que hoy es viceportavoz del grupo socialista de esta institución, José María Aponte, quien llegó a cobrar 10.262 euros en un mes cuando era vicepresidente de la Diputación.

Aponte cobraba «de forma sistemática» sobresueldos con los que veía multiplicadas su nómina por conceptos como «trabajar a partir de las tres de la tarde», según denuncia Maldonado. Además, el que también es teniente de alcalde de Santa Fe, recibía dietas por funciones propias de su labor como visitas institucionales, entregas de diplomas o desplazamientos a festivales. «Incluso cobraba por acudir a actos públicos propios de sus cargos aunque fueran en centros de la Diputación», critica el actual diputado popular.

Francisco Javier Maldonado ha señalado, asimismo, que esta práctica de sumar a las nóminas las dietas por diversos conceptos era una «generalidad que imperaba» en el anterior gobierno de la institución provincial, formado por PSOE e IU.  De este modo, Maldonado ha denunciado que la diputada de la formación de izquierdas, María Asunción Pérez Cotarelo, entonces responsable de Cultura y ahora diputada del grupo de IU en la Diputación, estuvo una semana en la Feria del Libro en Cuba «con todos los gastos pagados» y, «aun así, pasó dietas por valor de 500 euros» en lo que, en opinión del diputado de Función Pública, fue «un auténtico expolio» para las arcas de la institución que ahora gobierna el Partido Popular.

Cotarelo, imputada por el llamado caso Mercamed, también cobraba dietas por visitas al Parque de las Ciencias o a cualquier acto relacionado con el área de la que era responsable, valoradas en 40 euros por desplazamiento. «Por ir a la inauguración de unos grafitis a la Casa Molino de Ángel Ganivet, que pertenece a la propia Diputación, también cobraba una dieta», ha expuesto Francisco J. Maldonado.

Nóminas dobles

Según el dirigente popular, sus antecesores en el gobierno provincial «veían multiplicadas por dos sus nóminas», llegando a cobrar el exvicepresidente socialista José María Aponte 4.070 euros «el mes que menos dinero percibía». Incluso en junio de 2010 «cuando Zapatero hace el mayor recorte de su historia a los funcionarios públicos de España recortando un 5 por ciento sus nóminas, Aponte cobró 9.846 euros», critica Maldonado.

Esta denuncia hecha pública hoy, contrasta con la reducción de cargos públicos por designación que existe actualmente en el organigrama de gobierno de la Diputación y que ha pasado de 54 a 34 personas. «Los actuales directivos no son cargos políticos y tienen en su nómina, a diferencia de en anteriores mandatos, una parte fija y otra variable dependiendo de su eficacia, eficiencia y resultados en la gestión», defiende el diputado de Función Pública en contraste a la anterior gestión de izquierdas en la que hasta un diputado de gobierno recibía dietas por asistencia a su delegación todos los días laborables del año «pese a vivir a cinco kilómetros».

Diez fechas claves para no perderse en el fraude de los ERE

Alaya corona, a los tres años y tres meses de instrucción, la cima de su metafórica pirámide de los responsables

EFE/Raúl Caro

Mercedes Alaya, a su llegada a los juzgados de Sevilla en noviembre pasado

Auto a auto, la juez Mercedes Alaya ha ido subiendo peldaños en la causa de los ERE fraudulentos y en el rango de los imputados en la mayor trama contra la corrupción que ha conocido la democracia. ABC repasa los principales hitos tras más de tres años de instrucción:

Enero 2009: Mercasevilla, el origen

La investigación arranca dos años antes con una petición de comisiones por parte de los directivos de Mercasevilla a dos empresarios a cambio de una ayuda autonómica de 900.0000 euros para montar una escuela de hostelería. La conversación, grabada el 26 de enero de 2009 y publicada en exclusiva por ABC, recogía frases tan premonitorias como «la Junta colabora con los que colaboran» que pusieron a la juez Mercedes Alaya en la pista del fraude.

Noviembre 2010: Primeros intrusos

Mercasevilla revela que figura como beneficiario de los ERE una persona que nunca trabajó para esta empresa municipal. Se trata de un dirigente local del PSOE en Baeza (Jaén): Antonio Garrido Santoyo. Era el primer intruso incluido en un expediente subvencionado por la Junta de Andalucía.

Diciembre 2010: «Fondo de reptiles»

El exdirector general de Trabajo de la Junta entre 1999 y 2008, Francisco Javier Guerrero, declara a la Policía que la Junta disponía «un fondo de reptiles» para ayudar a empresas en crisis al margen de la ley. Empleo dispuso de 647 millones repartidos sin control. La Junta abre una investigación paralela al proceso judicial.

Marzo 2011: De los «tres golfos» a los 126

El exconsejero de Empleo Manuel Recio calcula en «sólo» 9 millones el dinero cobrado por 72 intrusos (falsos trabajadores) en ERE. En realidad eran al menos 130. El expresidente andaluz Manuel Chaves echa la culpa a «cuatro golfos» que hicieron un mal uso deun procedimiento legal, a su juicio, para repartir fondos con la partida 31L.

Febrero 2012: «Mordidas»

Pronto se supo que los intrusos eran una mera anécdota en la trama. Se repartieron 127,76 millones en ayudas ilegales a empresas, además de 50 millones en comisiones a mediadores de hasta el 200%. El exsindicalista de UGT Juan Lanzas amasó una fortuna de 13,4 millones de euros al calor de las subvenciones que gestionaba. UGT y CC.OO. participaron en el lucrativo negocio del desempleo.

Marzo 2012: Cocaína, copas y regalos

El caso llegó a su punto más sórdido. En marzo de 2012 el antiguo chófer de Guerrero revela a Alaya que llegó a gastarse 25.000 euros al mes en la compra de cocaína para consumo propio y de su jefe con el dinero de las ayudas públicas que recibieron irregularmente sus empresas fantasma. El ex alto cargo también habría recibido entre 60.000 y 80.000 euros en metálico de su conductor y un piano.

Abril 2012: Antonio Fernández, a prisión

De madrugada, en plena Feria de Abril de Sevilla, la juez Mercedes Alaya ordena el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el exconsejero Antonio Fernández, imputado por seis delitos en el caso de los ERE. Se convierte en el primer exconsejero andaluz que entra en la cárcel en la democracia.

Marzo y octubre 2013: «Operación Heracles»

Alaya desplegó dos macrorredadas contra el supuesto cobro de «sobrecomisiones» por parte de las mediadoras que se lucraron con pólizas subvencionadas. La actuación de la Guardia Civil, que se desarrolló en dos fases, en marzo y octubre de 2013, arrojó más de 30 detenidos.

Julio 2013: Álvarez y 19 cargos imputados

La juez entra de lleno en la rama política de la trama con la imputación de Magdalena Álvarez, exministra y exconsejera de Hacienda, así como a 19 altos cargos de la Junta por permitir el «dispendio» de fondos públicos durante una década, entre ellos el exinterventor general de la Junta de Andalucía desde 2000 a 2010, Manuel Gómez.

Septiembre 2013: Griñán y Chaves, en el disparadero

Alaya anuncia en un auto, que trascendió en plena toma de posesión del nuevo Ejecutivo de Susana Díaz, la preimputación de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y cinco consejeros de sucesivos gobiernos socialistas: José Antonio Viera (Empleo y Desarrollo Tecnológico), Francisco Vallejo (Innovación, Ciencia y Empresa), Carmen Martínez Aguayo (Hacienda y Administración Pública), Antonio Ávila (Economía, Innovación, Ciencia y Empleo) y Manuel Recio (Empleo). En diciembre pasado, la Audiencia de Sevilla anuló el auto, pero Alaya hizo otra resolución señalando de nuevo a los altos cargos aforados.