El PP acusa a la Junta de dejar a 30.000 parados sin orientación laboral

Tras el cierre del as oficinas dedicadas a esta función dependiente del Gobierno andaluz

El vicesecretario de Política Municipal del Partido Popular de Málaga, José Ramón Carmona, acusó ayer a la Junta de Andalucía de dejar a 30.000 parados malagueños sin orientación laboral a raíz del cierre de las 32 oficinas dedicadas a esta función dependientes de Administración autonómica, lo que supone «un nuevo varapalo más por parte del Gobierno andaluz a los desempleados de la provincia».

«Estas instalaciones cierran por impagos de la Junta», censuró el dirigente popular, que recordó el retraso en la publicación oficial de una nueva convocatoria del programa que rige el funcionamiento de este tipo de centros.

Carmona se preguntó qué va a pasar con los desempleados que acudían a estos centros para recibir orientación. Z«Este último año más de 30.000 parados malagueños han pasado por las distintas oficinas del citado servicio para recibir asesoramiento», recalcó.

«¿Pretenderá la Juntaque sean los ayuntamientos quienes asuman la orientación de los miles de desempleados malagueñosse cuestionó, para señalar que «no habría problema en que fuera así, pese a que es una competencia de la Junta, siempre que viniera acompañada de financiación para poder ejecutar este servicio».

Cuando se repartian el dinero en comisiones tampoco pensaban en los andaluces...

La Junta ni se plantea devolver a los funcionarios las pagas extra que no han cobrado

La «dificultades presupuestarias» solo permiten valorar la restitución de la extra en 2015 y pagar al completo las nóminas de los eventuales del SAS, según Miguel Ángel Vázquez

josé galiana

La consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero

El Gobierno andaluz ha manifestado este martes que no ha abordado la posible devolución a los empleados públicos de la parte de la paga extra que se le ha estado detrayendo en los dos últimos ejercicios, si bien ha insistido en el compromiso de restitución de sus derechos salariales en el año 2015.

Miguel Ángel Vázquez

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, ha sido preguntado sobre si la Junta va a estudiar, al igual que el Ejecutivo nacional, la devolución de la parte de la paga extra que ha sido retirada a los empleados públicos en los dos últimos años y medio.

Según Vázquez, ese es un asunto que «no se ha tratado todavía» y ha recordado que se afronta la elaboración de un presupuesto para 2015 con una reducción de 600 millones.

Ha agregado que se va a hacer «un enorme esfuerzo» para dar respuesta a esas dos prioridades que ha puesto sobre la mesa la presidenta de la Junta, Susana Díaz, la restitución de la paga extra en su integridad para los empleados públicos en 2015 y que los trabajadores sanitarios que hoy trabajan y cobran al 75 por ciento, puedan recuperar la jornada completa.

«En el momento que estamos de dificultades presupuestarias, solamente nos podemos comprometer a estudiar los dos asunto que hemos puesto sobre la mesa», ha recalcado.

Argumentos 17 de Septiembre

Argumentos 15 de Septiembre

Investigan cuatro millones de euros de subvenciones para cursos de formación

El juez ordena indagar las ayudas otorgadas a empresas de Sevilla en una resolución de 2011

josé galiana

Juan Gutiérrez Casillas

El juez de instrucción número 17 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, está a punto de reincorporarse de sus vacaciones de verano. Pero, pese que no volverá a su despacho hasta el miércoles, la investigación que lleva a cabo sobre las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía para cursos de formación en la provincia de Sevilla sigue adelante en manos de la Policía, concretamente de la unidad de blanqueo de capitales.

De hecho, según fuentes judiciales la citada investigación, que se encuentra bajo secreto sumarial, la misma está ahora centrada en indagar subvenciones que fueron otorgadas a empresas de la provincia de Sevilla por un valor de casi cuatro millones de euros. Concretamente, lo que se investiga es una resolución de la Junta de Andalucía del año 2011 que otorgaba una serie de ayudas para cursos de formación a un grupo de empresas de Sevilla.

Una vez que la Policía emita su informe sobre la investigación que está llevando a cabo sobre el tema es probable que la Fiscalía Anticorrupción presente algún escrito pidiendo nuevas actuaciones o, en su caso, si no aprecia indicios de delitos, el archivo de las actuaciones.

Esta es una de las investigaciones que hay abiertas por cursos de formación en los juzgados de Sevilla al margen de las que tiene abiertas la juez Mercedes Alaya (en la que ha imputado al exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y al de Hacienda Ángel Ojeda y también al margen de las que dirige Juan Jesús García Vélez, juez de instrucción número 9 de Sevilla, por las facturas falsas de UGT.

En ambas diligencias se espera que se produzcan novedades en los próximos días y que la Fiscalía solicite nuevas actuaciones. A esas investigaciones también se suman las que tiene abiertas la Fiscalía Superior de Andalucía, así como las que hay en varias provincias andaluzas, todas ellas relacionadas con las irregularidades en los cursos de formación.

Es probable que en los próximos días también se produzcan novedades en las nueve causas que tiene abiertas el juez Gutiérrez Casillas por el uso indebido de las transferencias de financiación en otras tantas empresas públicas.

PP-A afirma que el último auto de Alaya evidencia que la "investigación está cada vez más cerca" de Susana Díaz

   El PP-A ha manifestado este miércoles que el último auto de la  juez que investiga el caso de los ERE irregulares, Mercedes Alaya, ampliando formalmente la investigación, que hasta ahora se limitaba al periodo comprendido entre 1999 y 2010, a las ayudas concedidas por la Junta durante 2011 y 2012, pone de manifiesto que la investigación "está cada vez más cerca" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

   Así se ha pronunciado el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, durante su intervención en la Diputación Permanente para defender una petición de pleno extraordinario en julio en el que compareciera Díaz para dar explicaciones sobre los casos de corrupción en Andalucía y que finalmente ha sido rechazada por PSOE-A e IULV-CA.

   Para Carlos Rojas, el auto de la juez que se ha conocido este miércoles quiere decir que la investigación "está cada vez más cerca" de Susana Díaz; que ésta es "responsable política de todo lo que está pasando", y que tiene que dar la cara en el Parlamento y explicar todos los casos de corrupción a los andaluces.

Moreno Bonilla impulsa una Ley de Inclusión Social

P. D. A. / Málaga

Día 17/07/2014 - 08.46h

Incluirá una Renta Básica, propuesta por el bipartito y más tarde «olvidada» por el Ejecutivo andaluz

El presidente de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha aprovechado este miércoles una visita a la Fundación Corinto de Málaga, que atiende a 763 familias en situación de grave riesgo de exclusión social, para criticar los recortes de la Junta en este ámbito y anunciar una Ley de Inclusión Socialque inluirá la Renta Básica.

El dirigente popular recordó que la propuesta que su partido llevará al Parlamento es «una promesa largamente incumplida», al igual que la Renta Básica, que el bipartito ha «olvidado» en un grupo de trabajo que lleva dos años debatiendo.

«Creemos que hay que sacarlo ya a la luz», dijo, para afirmar que se trata de un eje «fundamental» de la Ley de Inclusión, para «garantizar unas condiciones de vida dignas a aquellos andaluces que están en situación de riesgo».

Moreno Bonilla recordó que en los dos últimos años el Gobierno andaluz ha recortado 269 millones en políticas sociales, con 62.000 millones de presupuestos autonómicos. Por ello, consideró que «hay margen para que el gobierno andaluz priorice y ponga a las personas por delante de otro tipo de gasto».

Andalucía es la comunidad con la tasa más elevada de riesgo de pobreza y de exclusión social, con una media de 38,3 por ciento frente a un 27,3 de media nacional. Es también la segunda comunidad donde más ha crecido la pobreza en época de crisis, con un 11 por ciento frente al 1,7 del conjunto del país.