Las residencias de ancianos, abocadas al cierre por los recortes de la Junta
El PP critica la modificación de la norma que regula la financiación de los programas de estancia diurna
El PP ha denunciado este domingo que una Orden dictada por
la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales abocará al cierre a
la mayoría de las residencias concertadas de mayores y personas
discapacitadas, al modificarse los requisitos para la financiación de
las plazas que dichos centros ofertan.
La Orden, publicada el pasado 6 de marzo en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), modifica la norma que regula la
financiación de los programas de estancia diurna y respiro familiar, de
forma que aquellas plazas concertadas que no se encuentren ocupadas
serán financiadas en un 60 % del coste durante un periodo máximo de treinta días por año y no los doce meses como hasta ahora.
Así, las entidades titulares de los centros podrán disponer temporalmente de las plazas concertadas no ocupadas
cuya reserva no esté siendo objeto de financiación, pero deberán ser
puestas inmediatamente a disposición de la Agencia de Servicios Sociales
y dependencia de Andalucía cuando así se requieran para su cobertura
efectiva.
La vicesecretaria de Política Social e Igualdad del PP-A,
Ana Vanesa García, ha asegurado en conferencia de prensa que dicha Orden
va a suponer un recorte de hasta 180 millones de euros y
el despido de más de 1.500 trabajadores de las residencias de mayores
que tienen plazas concertadas y, por tanto, reservadas por la Junta para
atender a los dependientes.
García ha explicado que la Junta, que tiene 18.000 plazas concertadas en Andalucía, aportaba el 60 por ciento del coste de las mismas
al margen de que éstas estuvieran o no ocupadas, pero la nueva orden
modifica este punto «y ahora se va a sufragar el 60 por ciento sólo un
mes del año».
En la práctica, ha señalado, significa que las residencias no podrán disponer de las plazas vacías pero tampoco recibirán dinero de la Junta por su reserva.
«La Orden va a abocar al cierre a estos centros porque es
inviable disponer de una plaza que no esté ocupada si luego hay que
expulsar a una persona cuando la Junta necesite la plaza», ha señalado
la dirigente popular.
«No cabe en la cabeza que pueda haber plazas desocupadas cuando la Junta tiene paralizados más del 50 por ciento de los expedientes de
la Ley de Dependencia», ha espetado García, que ha insistido en que la
Junta «condena» a estas residencias al cierre o a la privatización.
Ha incidido también en las consecuencias que el cambio de
criterio del Gobierno andaluz tendrá en el empleo, sobre todo femenino,
fundamentalmente en las zonas rurales, donde las residencias son un
«foco» de creación de puestos de trabajo.
También ha resaltado los efectos negativos sobre la
conciliación familiar y laboral, ya que «las mujeres cuidadoras se
tendrán que quedar en casa», ha remarcado.
