El rastro que han dejado los pagos de 7,6 millones de euros a los sindicatos por su «participación» en los
ERE fraudulentos de Andalucía
evidencia que UGT cobró dos veces por los mismos Expedientes de
Regulación de Empleo. Por un lado se llevaban comisiones las
federaciones del sector correspondiente a la empresa que acometía los
despidos y, simultáneamente, aparecían tres sociedades cien por cien
propiedad de UGT estatal (Temiqui, ASP e ITG), domiciliadas en Madrid,
que también cobraban.
La Unidad central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
sostiene que para percibir esos pagos se emitieron facturas falsas: las
sociedades del sindicato que encabeza Cándido Méndez cobraban por
servicios que, por ley, no les correspondían.
La ruta del dinero presuntamente malversado siempre era la misma.
La Junta de Andalucía entregaba las subvenciones a las empresas
mediadoras, las aseguradores Uniter y Vitalia. Éstas, para asegurarse la
aprobación de los despidos y las prejubilaciones, entregaban a los
sindicatos una comisión que iba del 0,5 hasta el 2 por ciento del total
del Expediente de Regulación de Empleo. Los dirigentes sindicales y los
de las mediadoras acordaban el modo de pago y ahí es donde aparecen las
duplicidades.
Entre las decenas de transferencias destapadas por la
Guardia Civil son significativas las realizadas por Vitalia entre 2006 y
2008. Un claro ejemplo es el traspaso de 11.618,79 euros a la
Federación Regional de MCA (Metal, Construcción y Afines) de UGT el 16
de enero de 2006. Tres meses después, desde la misma cuenta de Vitalia salen 27.965,97 euros hacia la empresa ITG (Industria de Técnica y Gestión S.L.).
ITG es una sociedad domiciliada en la sexta planta del emblemático
edificio de la UGT en Madrid (Avenida América 25). El cien por cien de
sus acciones pertenecen a la Federación Estatal de Metal, Construcción
Afines. Es decir, cobra UGT en Andalucía y una sociedad de la misma
federación de UGT lo hace en Madrid.
El 16 de junio de 2006, la Federación Regional de MCA se
lleva otros 44.541,09 euros; el 20 de julio, sólo un mes después, ITG
percibe de la misma cuenta 26.203,41 euros.
Transferecias simultáneas
El esquema se repite una y otra vez. La Federación de
Industria (FIA-UGT) percibió de Vitalia el 30 de marzo de 2006 una
transferencia de 91.093,12 euros. Poco después surgen pagos a la
mercantil Temiqui, cien por cien controlada por esa misma federación
estatal, hoy denominada FITAG (Industria y Trabajadores Agrarios). Así,
Temiqui recibe giros de 29.718,74 euros en octubre de 2006; 5.167,63 en
noviembre; 20.768,64 en abril de 2007 y 10.994,34 en mayo de ese año.
El presidente de Temiqui es un dirigente estatal, Antonio
Deusa, secretario general de la FITAG. La juez Mercedes Alaya estudia
imputarlo después de que la Guardia Civil le solicitara que lo cite a
declarar sobre estos pagos (también por haber recibido regalos de las
mediadoras). Un informe incluido en el sumario sostiene que Temiqui
cobró del grupo Vitalia 439.072,33 euros, que se suman a los 188.752,90
que le abonó la otra mediadora, Uniter, todo con origen en subvenciones
de la Junta de Andalucía. Entre los detenidos por los ERE está el
dirigente de la FITAG en Cádiz Salvador Mera, que fue consejero de
Temiqui. Esta firma cobró de las mediadoras Vitalia y Uniter un total de 627.825,23 euros por su «participación» en los ERE.
Los movimientos de dos cuentas de Vitalia también reflejan
pagos de Vitalia a la Federación Agroalimentaria de UGT (FTA), que
pertenece a la citada FITAG que maneja a Temiqui. La Guardia Civil es
contundente respecto a los fondos que se llevó Temiqui. Esta empresa
facturaba «asesoramiento», pero en realidad estaba enmascarando «gastos
del sindicato en las concentraciones y asambleas», por lo que «se podría
interferir que las facturas sean falsas», sostiene la UCO, como
adelantó ABC.
Entre Temiqui, ITG y ASP Correduría de Seguros (participada
por UGT) se embolsaron dos millones de euros en comisiones. En el caso
de ITG, la Guardia Civil está investigando un desfase de casi 600.000
euros: la empresa «ugetista» declaró a Hacienda haber percibido
444.365,14 euros del grupo Uniter, pero las transferencias cotejadas por
los investigadores ascienden a 1.041.970,04 euros.
En el caso del ERE de la empresa Pickman-La Cartuja vuelve a llamar la atención que haya una transferencia de 1.800 euros a la Federación de MCA de UGT y otros 1.800 a Temiqui.
En el fondo, las mediadoras abonaban comisiones para que el
sindicato aprobara los ERE. Una testigo aseguró a la Guardia Civil que
había que abonar las «mordidas» porque «si un sindicato dice que no se
hace (el ERE), no se hace».
La estrategia de Cándido Méndez pivota sobre la
«independencia» de las federaciones regionales, pero lo hechos son
irrefutables: empresas propiedad de ese sindicato cobraban de los ERE
fraudulentos. Por si esto fuera poco, el responsable de Uniter, José
González Mata, imputado por la juez Alaya, declaró en el Parlamento
andaluz que «casi el cien por cien, el 80 por ciento de mis
negociaciones son con los sindicatos CC.OO. y UGT siempre en Madrid».
Los ERE investigados por la Guardia Civil no sólo son
fradulentos por los millones de euros de la Junta que se fueron en
«sobrecomisiones», sino también porque en las prejubilaciones se incluía
a familiares y amigos que jamás habían trabajado en esas empresas. El
encargado del fraude era el ugetista Juan Lanzas, en cuyo domicilio
había billetes como «para asar una vaca», según el testimonio de su
propia madre.
El entramado de UGT
ABC ya publicó en enero de 2012 que UGT maneja un entramado
de empresas que suma 90 millones de euros en activos. El sindicato
tiene prohibido por ley realizar actividades con ánimo de lucro: por eso
crea sociedades mercantiles. No existe un balance de grupo consolidado
-como el que presentan los grupos empresariales- que permita controlar
la totalidad de los activos de la organización que encabeza Cándido
Méndez.
Las abundantes irregularidades de los fondos de los ERE
también afectan de lleno a Comisiones Obreras. El sindicato de Fernández
Toxo también utilizó empresas estatales para cobrar comisiones, al
tiempo que se han descubierto cuatro pólizas de los ERE cuyas comisiones
se abonaban a CC.OO. en Andalucía y en Madrid.
