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Alaya destaca que Empleo siguió usando el sistema ilegal de ayudas de Guerrero
Día 07/04/2013 - 17.56h
La juez pone de relieve la «ausencia absoluta del procedimiento legalmente aplicable» en la entrega de ayudas de la Junta
La juez Mercedes Alaya,
que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE)
fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, ha confirmado la
fianza de responsabilidad civil de 7.282.653,31 euros
impuesta al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la
Junta Daniel Alberto Rivera, todo ello por «permitir», al menos hasta
abril de 2011, «el reparto indiscriminado de fondos públicos con ausencia absoluta del procedimiento legalmente aplicable».
En un auto dictado el pasado 6 de marzo, al que ha tenido
acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla rechaza
el recurso presentado por el letrado del imputado y recuerda que la fianza impuesta se ajusta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
«pues indiciariamente se le considera partícipe en los hechos
delictivos que le fueron expuestos con detalle previamente a su
declaración judicial» del pasado mes de julio de 2012.
En dicha comparecencia, la juez Alaya le imputó cuatro
presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación,
infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de
perseguir delitos, tras todo lo cual lo dejó en libertad después de que
ninguna parte pidiera su ingreso en prisión.
Según la juez, «parte» de dichos hechos delictivos «fueron reconocidos»
por el imputado en su declaración, punto en el que destaca que Rivera
«conocía a su llegada al cargo que el procedimiento de concesión de ayudas públicas debía ajustarse a la normativa sobre subvenciones».
A ello se suma que «tuvo conocimiento a los dos meses de iniciar el desempeño de su cargo» de que «había pólizas de rentas por más de 70 millones de euros sin convenio o resolución de concesión de la subvención, y no ordenó nada al respecto».
«Obvió» la fiscalización previa
Además, según añade la magistrada, el imputado «tuvo
conocimiento al mismo tiempo del informe de Garrigues donde se ponía de
manifiesto que, con la operativa seguida hasta el momento, usando las
transferencias de financiación para otorgar las subvenciones, se estaba obviando un trámite preceptivo y
fundamental para el control del gasto y de su destino, cual era la
fiscalización previa de cada subvención por la Intervención» de la
Junta.
«Pese a ello», el exalto cargo «continuó con el mismo sistema, obviando el trámite de fiscalización previa,
y ello a través de la encomienda de gestión de 27 de abril de 2010,
instrumento que utilizó para las subvenciones sociolaborales que
concedió, ninguna de las cuales fueron sometidas al control de la Intervención», dice la juez en el auto consultado por Europa Press.
La juez asevera que el imputado incluso «reconoció que, a través de una funcionaria a su cargo, tuvo conocimiento de la opinión de la Intervención sobre
la ilicitud del procedimiento, y no sólo insistió en el mismo forzando a
dicha funcionaria para que elaborara la encomienda del año próximo,
sino que no consideró necesario conocer dicha opinión de la Intervención
personalmente, recabando de la misma información».
«Intrusos» en los ERE
«No obstante lo anterior», Rivera «reconoció curiosamente» que en la Dirección General de Trabajo,
«en la época en la que él estuvo al frente y se trabajaba con la
encomienda de gestión, sí se concedieron otras subvenciones fuera de la
partida presupuestaria 31.L, que sí se sometían al trámite de la
fiscalización previa», un reconocimiento que «efectuó sin ofrecer una explicación razonable de por qué mantuvo esa distinción».
De igual modo, en su declaración «reconoció que no dio
ninguna instrucción para que las subvenciones que concedían se
publicaran en el BOJA, como así era legalmente preceptivo,
o para que se diera cumplimiento a la normativa comunitaria, de
aplicación preferente a la legislación nacional». Finalmente, según dice
la juez, Rivera «admitió que en el proceso de revisión que se inició en
la Dirección General de Trabajo a partir de finales de noviembre de
2010, se llegaron a detectar 200 personas que recibieron indebidamente ayudas públicas y
que, por su personal convencimiento de que ello no constituía
infracción criminal, no puso los hechos en conocimiento» del Juzgado,
«siendo sabedor del procedimiento judicial abierto».
Falta total de legalidad
«Resulta obvio que, sin perder de vista el carácter cautelar y provisorio de la imputación judicial,
tales extremos refuerzan la hipótesis criminal de la que se parte
respecto de Rivera, pues ni la supuesta ignorancia o incompetencia
alegada por él le podrían eximir de su indiciaria responsabilidad penal
por permitir, al menos hasta la Orden de 1 de abril de 2011, el reparto
indiscriminado de fondos públicos con ausencia absoluta del procedimiento legalmente aplicable».
La juez cifra la fianza en poco más de siete millones, una
cuantía «que se ciñe al importe conocido de las subvenciones concedidas por él al margen de la legalidad».
Además de Rivera, en la causa de los ERE están imputados varios exaltos
cargos de la Administración autonómica, como son los también
exdirectores general de Trabajo Francisco Javier Guerrero -actualmente
en prisión- y Juan Márquez; el exconsejero de Empleo Antonio Fernández;
el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, o el exdelegado provincial
de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
