Martínez critica el "corta y pega" de Cortés y "su incapacidad para
aceptar una iniciativa por el mero hecho de llevar el sello del PP"
Lamenta que muchas familias andaluzas sufran desahucios cuando en el
mes de mayo el PP presentó una PNL con las mismas iniciativas que hoy ha
anunciado la consejera de Vivienda
Denuncia que "el sectarismo ideológico" de PSOE e IU "les hace
incapaces de aceptar la ayuda del PP para plantarle cara a la crisis sin
preocuparle el bienestar de los andaluces"
El PP llevará al próximo Pleno una moción registrada el pasado 3 de
julio y en la que vuelve a recoger la PNL registrada el 14 de mayo y
rechaza por el bipartito el día 23 del mismo mes en Pleno
La portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Popular, Alicia
Martínez, ha denunciado que las medidas anunciadas hoy por consejera de
Fomento y Vivienda, Elena Cortés, para frenar los desahucios y las
ejecuciones hipotecarias son "un corta y pega" de las iniciativas
recogidas en una proposición no de ley (PNL) que los populares
registraron el pasado 14 de mayo y que fue rechazada por PSOE e IU el
día 23 del mismo mes en Pleno, al tiempo que ha lamentado que "el
sectarismo ideológico" de PSOE e IU "les hace incapaces de aceptar la
ayuda del PP para plantarle cara a la crisis sin preocuparle el
bienestar de los andaluces".
Asimismo, Martínez ha anunciado que el PP también tiene previsto llevar
al próximo Pleno una moción registrada desde el pasado 3 de julio y que
vuelve a recoger las actuaciones y medidas de protección y ayuda a las
familias sin recursos con deudas hipotecarias y a los desahucios de su
vivienda habitual, por lo que pidió a PSOE a IU que voten a favor de
"las soluciones que ahora hacen suyas cuando hace tres meses las
rechazaron en la Cámara autonómica".
PROPOSICION NO DE LEY
EN PLENO, relativa a: ACTUACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y AYUDA A LAS
FAMILIAS SIN RECURSOS CON DEUDAS HIPOTECARIAS Y A LAS DESAHUCIADAS DE
SU VIVIENDA HABITUAL , que el PP registró el 14 de mayo de 2012 y llevó
al Pleno del 23 de mayo.
Una de las más graves consecuencias de la crisis económica y de la
destrucción de puestos de trabajo que padecemos ha sido, sin duda, la
imposibilidad de miles de familias para hacer frente al préstamo
hipotecario solicitado para la compra de su vivienda habitual o al
alquiler de su residencia habitual.
Desde el 2008 se han presentado 63.458 ejecuciones hipotecarias en
Andalucía, casi el 20% del total de las presentadas en España (323.481),
siendo la Comunidad Autónoma donde más ejecuciones hipotecarias se han
producido en el 2011 y en el periodo 2008-2011.
El actual Gobierno de la Nación, consciente de este grave problema
tiene efectos dramáticos para aquellas familias que debido a su
situación de desempleo o de ausencia de actividad económica no pueden
hacer frente al pago de sus obligaciones hipotecarias, aprobó, en menos
de tres meses desde la asunción de esta responsabilidad, el Real
Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de
deudores hipotecarios sin recursos.
En esta norma se incluyen medidas tanto para evitar la pérdida de la
vivienda por las personas en riesgo de exclusión social como para
limitar los efectos de la ejecución hipotecaria sobre el deudor
hipotecario en la situación antes citada.
Algunas de las medidas adoptadas han supuesto la modificación de normas
legales y otras han surgido del acuerdo entre el Gobierno y las
entidades de crédito, como el Código de Buenas Prácticas, que incluye
entre sus distintas fases la dación en pago y que en menos de un mes ya
había sido respaldado y asumido por más de 88 bancos y cajas de ahorros,
la práctica totalidad del mercado financiero.
La situación de muchas familias españolas es lo suficientemente
alarmante como para que este Gobierno de la Nación no haya querido
esperar más tiempo para tomar las medidas necesarias y ofrecer
soluciones rápidas y eficientes a un problema que preocupa
especialmente.
Pero, independientemente de que el Gobierno de la Nación haya decidido
abordar con prontitud este grave problema, la Junta de Andalucía, no
puede abstraerse de la búsqueda de soluciones y de la puesta en marcha
de medidas de protección y ayuda a las familias andaluzas.
Durante la pasada legislatura, el Grupo Parlamentario Popular Andaluz
exigió en numerosas ocasiones que este grave problema constituyera una
preocupación prioritaria para el Gobierno andaluz y la puesta en marcha
de medidas para garantizar la protección y ayuda necesaria a las
familias andaluzas afectadas.
El Artículo 56 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia
de vivienda, que incluye el establecimiento de prioridades y objetivos
en materia de vivienda y la promoción pública de viviendas.
El Grupo Parlamentario Popular Andaluz considera que la Administración
Autonómica debe prestar un mejor servicio en materia de asesoramiento y
mediación, poner la vivienda protegida y el parque de vivienda social en
alquiler de la Junta de Andalucia a disposición de estas familias y
tomar las medidas necesarias para contemplar la dación en pago en los
acuerdos resultantes de la ejecución de la política pública de vivienda.
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario Popular Andaluz presenta la siguiente
PROPOSICION NO DE LEY
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
1. Articular un Servicio de Asesoramiento en el ámbito de la Consejería
competente que lleve a cabo actuaciones para prestar ayuda a los
andaluces y andaluzas en situaciones de impago de obligaciones
hipotecarias y a la hora de de contratar un préstamo hipotecario,
facilitándoles la información necesaria para que éstos puedan adoptar
una decisión adecuada a su situación y circunstancias.
2. Establecer un Servicio de Mediación en el ámbito de la Consejería
competente para mediar con las Entidades Financieras en los casos de
incumplimiento de obligaciones hipotecarias sobre vivienda habitual por
parte de familias andaluzas afectadas por la crisis económica.
3. Priorizar en su política de vivienda de alquiler protegido y del
parque de vivienda social de la Junta de Andalucía la atención a
aquellas familias andaluzas que como consecuencia de una ejecución
hipotecaria o desahucio por impago de alquiler hayan perdido su vivienda
habitual y hayan quedado en grave riesgo de exclusión social.
4. Establecer, en el marco del convenio de colaboración financiera con
las entidades de crédito para financiar actuaciones protegibles en
materia de vivienda, un procedimiento de recompra de las viviendas
protegidas concedidas al amparo de este convenio por parte de la
Administración de la Junta de Andalucía, en determinadas situaciones de
morosidad sobrevenida que conlleven la pérdida de su vivienda habitual.
MOCIÓN registrada el pasado 3 de julio y que irá al próximo Pleno
El Grupo Parlamentario Popular Andaluz, al amparo de lo establecido en
el artículo 157 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
MOCIÓN consecuencia de la Interpelación con número de expediente
9-12/I-000004 y relativa a Política General en materia de Vivienda.
1. El Parlamento de Andalucía acuerda la necesidad de impulsar una
política de vivienda que garantice el derecho a una vivienda digna y
adecuada a todos los andaluces, centrada en ofrecer soluciones a
aquellos que no tienen acceso a la misma, a quienes necesitan adecuarla
funcionalmente y a los que corren el riesgo de perderla.
El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:
2. Aprobar, de forma urgente, un Plan de Vivienda en Alquiler que contenga las siguientes medidas:
2.1. Optimizar el uso del parque de vivienda social en alquiler de la
Junta de Andalucía mediante la aprobación de unas normas directoras de
acceso, uso y gestión y de unos programas de conservación y
mantenimiento y de control e inspección del mismo para garantizar a sus
beneficiarios una vivienda digna y adecuada y una legítima ocupación de
las mismas por parte de éstos y que ninguna vivienda de titularidad de
la Administración Autonómica no cumpla la función social a la que está
destinada por estar vacía o desocupada o no estar en condiciones para
ser habitada.
2.2. Aprobar un programa, con plazos concretos, para la revisión del
alquiler de las viviendas de promoción pública de la Administración de
la Junta de Andalucía en función de la renta de los andaluces y
andaluzas.
2.3. Triplicar el parque de viviendas de alquiler especificado en el
Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, con modificación de los
objetivos establecidos.
2.4. Regular nuevas modalidades como el alquiler compartido en el ámbito de las políticas públicas de vivienda.
2.5. Negociar con los operadores privados del sector de la construcción
residencial la puesta a disposición de las políticas públicas de
vivienda de promociones de vivienda a precios asequibles en función de
la renta de los ciudadanos y un plan de impulso de promociones de
vivienda protegida en arrendamiento o en alquiler con opción a compra.
2.6. Aprobar un calendario de pago de las ayudas pendientes de abono
por parte de la Administración de la Junta de Andalucía relativas al
programa de fomento del alquiler para favorecer el acceso a la vivienda
en alquiler de determinados colectivos con ingresos limitados.
2.7. Garantizar una adecuada gestión, con recursos propios de la
Administración Autonómica, de las ayudas a inquilinos de la Junta de
Andalucía con el objeto de erradicar los retrasos en la concesión y pago
de estas subvenciones que ponen en entredicho la finalidad de las
mismas.
3. Priorizar las políticas de rehabilitación que permitan ofrecer una
vivienda digna y adecuada a la población de los zonas más desfavorecidas
de nuestra Comunidad Autónoma, adecuar funcionalmente las viviendas a
las necesidades de las personas mayores y abaratar su coste energético.
4. Aprobar un Plan de Accesibilidad Residencial, que contenga un
cronograma de fechas y compromisos presupuestarios para posibilitar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 293/2009, de
7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificación y el transporte en Andalucía, especialmente la relativa a la
instalación de ascensores.
5. Establecer un Plan de Erradicación del Chabolismo y la Infravivienda
que incluya un calendario de cumplimiento y actuaciones y programas de
específicos de inclusión social y rehabilitación.
6. Impulsar la aprobación de un Acuerdo-Marco de colaboración con las
corporaciones locales en materia de financiación de las políticas
públicas de vivienda conforme a la normativa vigente con el objeto de
dotar a éstas de los medios necesarios para su cumplimiento.
7. Articular un procedimiento de participación de representantes de los
distintos Grupos Parlamentarios con presencia en la Cámara en el grupo
de trabajo para la redacción del próximo Plan de Vivienda Andaluz.
8. Aprobar un plan de medidas para auxiliar a las familias que debido a
su situación de desempleo o de ausencia de actividad económica no
pueden hacer frente al pago de sus obligaciones hipotecarias y poner la
vivienda protegida y social de titularidad de la Administración de la
Junta de Andalucía a disposición de estas familias, que incluya las
siguientes medidas:
8.1. Articular un Servicio de Asesoramiento dentro de la Administración
de la Junta de Andalucía que lleve a cabo actuaciones para prestar
ayuda a los andaluces y andaluzas a la hora de de contratar un préstamo
hipotecario facilitándoles la información necesaria para que éstos
puedan adoptar una decisión adaptada a su situación y circunstancias.
8.2. Establecer un Servicio de Mediación dentro de la Administración de
la Junta de Andalucía para mediar con las Entidades Financieras en los
casos de incumplimiento de obligaciones hipotecarias sobre vivienda
habitual por parte de familias andaluzas afectadas por la crisis
económica.
8.3. Priorizar en su política de vivienda de alquiler protegido la
atención a aquellas familias andaluzas que como consecuencia de una
ejecución hipotecaria hayan perdido su vivienda habitual y hayan quedado
en grave riesgo de exclusión social.
8.4. Establecer, en el marco del convenio de colaboración financiera
con las entidades de crédito para financiar actuaciones protegibles en
materia de vivienda, un procedimiento de recompra de las viviendas
protegidas concedidas al amparo de este convenio por parte de la
Administración de la Junta de Andalucía en determinadas situaciones de
morosidad sobrevenida que conlleven la pérdida de su vivienda habitu
