Andalucía
El proceso apunta a los dos presidentes y a altos cargos aforados
Si encuentra indicios de delito contra ellos, la juez Alaya perdería el caso en favor de otros Tribunales
Día 25/04/2012 - 07.50h
La
investigación de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía ha
llegado a un punto sin retorno. A partir de ahora, los numerosos
indicios acopiados por la juez de Sevilla Mercedes Alaya pueden, de
confirmarse, conducir esta causa penal hacia el Tribunal Supremo.
Esos
indicios afectan de lleno a ex responsables políticos del Ejecutivo
andaluz que en la actualidad ocupan un escaño en el Congreso de los
Diputados —Manuel Cháves, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera— y que,
por lo tanto, gozan de un fuero especial gracias al cual sólo pueden ser
investigados y juzgados por el alto Tribunal.
El «fondo de reptiles»
Un
cuarto aforado que podría verse metido de lleno en este asunto es José
Antonio Griñán, muy probablemente el próximo presidente andaluz tras las
elecciones del pasado 25 de marzo. En su caso, investigación y
enjuiciamiento corresponderían al Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA).
e
momento, la juez Alaya podrá seguir adelante con la instrucción de la
causa. Sin embargo, si la implicación de alguno de los aforados en los
hechos delictivos se fuera confirmando, la magistrada debería paralizar
la investigación (pues ella no puede actuar contra aforados) y dirigir
una exposición razonada al tribunal correspondiente, bien Supremo bien
TSJA (o ambos), que decidirían en cada caso si asumen la competencia.
Piezas separadas
Podría
darse la circunstancia de que el «caso de los ERE» se desgajara y que
cada pieza fuera investigada por el tribunal competente; pero también
podría suceder que el Supremo asumiera la instrucción de toda la causa
si se estima que los hechos cometidos por unos y otros están tan
estrechamente relacionados que no pueden investigarse por separado. La
tercera opción es que se entienda que los indicios no tienen
consistencia y Alaya siga investigando.
La
investigación dio un giro espectacular con la implicación de Antonio
Fernández, consejero de Empleo a caballo entre las etapas de Chaves y
Griñán (2004-2010), coautor del convenio que puso en marcha en julio de
2001 el «fondo de reptiles». Después de cuatro días de tensas e
interminables declaraciones ante Alaya, este histórico del PSOE andaluz,
quien durante una década estuvo en la cúpula de Empleo de la Junta, se
ha convertido en el primer exconsejero andaluz de la democracia que
ingresa en la prisión.
Es
el tercer imputado en el fraude que es encarcelado, después de su ex
director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, quien destapó la
existencia del denominado «fondo de reptiles» en su declaración ante la
Policía Nacional, así como el chófer de éste, Juan Francisco Trujillo,
quien gastó dinero de los ERE en cocaína, copas y fiestas.
«Un papel esencial»
Fernández
se ha defendido ante la juez tirando por elevación y apuntando a
directamente a los Consejos de Gobierno y a quienes los presidieron,
Chaves y desde abril de 2009 Griñán, así como al ex consejero de
Presidencia y dirigente de la Ejecutiva federal del PSOE, Gaspar
Zarrías.
El
otro ideólogo del controvertido sistema de pago de los ERE era el
diputado en el Congreso, líder del PSOE de Sevilla hasta febrero pasado y
antecesor en la Consejería de Empleo, José Antonio Viera, de quien la
Guardia Civil dice que «jugó un papel esencial» en la concesión de
ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla. Pero de momento, Alaya
es consciente de que Viera es aforado.
