Cabezera
miércoles, 17 de septiembre de 2014
lunes, 15 de septiembre de 2014
Investigan cuatro millones de euros de subvenciones para cursos de formación
Investigan cuatro millones de euros de subvenciones para cursos de formación
El juez ordena indagar las ayudas otorgadas a empresas de Sevilla en una resolución de 2011
El juez de instrucción número 17 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas,
está a punto de reincorporarse de sus vacaciones de verano. Pero, pese
que no volverá a su despacho hasta el miércoles, la investigación que
lleva a cabo sobre las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía
para cursos de formación en la provincia de Sevilla sigue adelante en
manos de la Policía, concretamente de la unidad de blanqueo de
capitales.
De hecho, según fuentes judiciales la citada investigación,
que se encuentra bajo secreto sumarial, la misma está ahora centrada en
indagar subvenciones que fueron otorgadas a empresas de la provincia de Sevilla por un valor de casi cuatro millones de euros. Concretamente, lo que se investiga es una resolución de la Junta de Andalucía del año 2011 que otorgaba una serie de ayudas para cursos de formación a un grupo de empresas de Sevilla.
Una vez que la Policía emita su informe sobre la
investigación que está llevando a cabo sobre el tema es probable que la
Fiscalía Anticorrupción presente algún escrito pidiendo nuevas actuaciones o, en su caso, si no aprecia indicios de delitos, el archivo de las actuaciones.
Esta es una de las investigaciones que hay abiertas por
cursos de formación en los juzgados de Sevilla al margen de las que
tiene abiertas la juez Mercedes Alaya (en la que ha imputado al
exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y al de Hacienda Ángel Ojeda
y también al margen de las que dirige Juan Jesús García Vélez, juez de
instrucción número 9 de Sevilla, por las facturas falsas de UGT.
En ambas diligencias se espera que se produzcan novedades
en los próximos días y que la Fiscalía solicite nuevas actuaciones. A
esas investigaciones también se suman las que tiene abiertas la Fiscalía
Superior de Andalucía, así como las que hay en varias provincias
andaluzas, todas ellas relacionadas con las irregularidades en los
cursos de formación.
Es probable que en los próximos días también se produzcan novedades en las nueve causas que tiene abiertas el juez Gutiérrez Casillas por el uso indebido de las transferencias de financiación en otras tantas empresas públicas.
jueves, 17 de julio de 2014
PP-A afirma que el último auto de Alaya evidencia que la "investigación está cada vez más cerca" de Susana Díaz
PP-A afirma que el último auto de Alaya evidencia que la "investigación está cada vez más cerca" de Susana Díaz
El PP-A ha manifestado este miércoles que
el último auto de la juez que investiga el caso de los ERE irregulares,
Mercedes Alaya, ampliando formalmente la investigación, que hasta ahora
se limitaba al periodo comprendido entre 1999 y 2010, a las ayudas
concedidas por la Junta durante 2011 y 2012, pone de manifiesto que la
investigación "está cada vez más cerca" de la presidenta de la Junta,
Susana Díaz.
Así se ha pronunciado el portavoz del PP-A en el Parlamento
andaluz, Carlos Rojas, durante su intervención en la Diputación
Permanente para defender una petición de pleno extraordinario en julio
en el que compareciera Díaz para dar explicaciones sobre los casos de
corrupción en Andalucía y que finalmente ha sido rechazada por PSOE-A e
IULV-CA.
Para Carlos Rojas, el auto de la juez que se ha conocido este
miércoles quiere decir que la investigación "está cada vez más cerca" de
Susana Díaz; que ésta es "responsable política de todo lo que está
pasando", y que tiene que dar la cara en el Parlamento y explicar todos
los casos de corrupción a los andaluces.
Moreno Bonilla impulsa una Ley de Inclusión Social
Moreno Bonilla impulsa una Ley de Inclusión Social
Día 17/07/2014 - 08.46h
Incluirá una Renta Básica, propuesta por el bipartito y más tarde «olvidada» por el Ejecutivo andaluz
El presidente de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno Bonilla,
ha aprovechado este miércoles una visita a la Fundación Corinto de
Málaga, que atiende a 763 familias en situación de grave riesgo de
exclusión social, para criticar los recortes de la Junta en este ámbito y
anunciar una Ley de Inclusión Socialque inluirá la Renta Básica.
El dirigente popular recordó que la propuesta que su partido llevará al Parlamento es «una promesa largamente incumplida», al igual que la Renta Básica, que el bipartito ha «olvidado» en un grupo de trabajo que lleva dos años debatiendo.
«Creemos que hay que sacarlo ya a la luz», dijo, para
afirmar que se trata de un eje «fundamental» de la Ley de Inclusión,
para «garantizar unas condiciones de vida dignas a aquellos andaluces que están en situación de riesgo».
Moreno Bonilla recordó que en los dos últimos años el Gobierno andaluz ha recortado 269 millones en políticas sociales,
con 62.000 millones de presupuestos autonómicos. Por ello, consideró
que «hay margen para que el gobierno andaluz priorice y ponga a las
personas por delante de otro tipo de gasto».
Andalucía es la comunidad con la tasa más elevada de riesgo de pobreza y de exclusión social,
con una media de 38,3 por ciento frente a un 27,3 de media nacional. Es
también la segunda comunidad donde más ha crecido la pobreza en época
de crisis, con un 11 por ciento frente al 1,7 del conjunto del país.
La Junta ha manipulado los documentos de los expedientes
La Junta ha manipulado los documentos de los expedientes
Una secretaria de Empleo insiste en que se eliminaron documentos que podían incriminar a otras personas
María José Rofa, que fuera secretaria en la Dirección General de Empleo, ha acusado hoy a la Junta de Andalucía de manipular los documentos de los expedientes de los ERE.
Rofa, que trabajó junto al exdirector de Trabajo, Francisco Javier
Guerrero y que hoy estaba citada como imputada, se ha acogido a su
derecho para no declarar pero ha presentado a la juez una nota por escrito.
En ese documento, que Alaya ha incorporado a las diligencias, la secretaria asegura que la Junta de Andalucía ha manipulado los documentos
de los expedientes e incuso afirma que ello se ha hecho para incriminar
a otras personas. Además Rofa, que no ha declarado acogiéndose a que
los expedientes de Altadis y A Novo no estaba completos, ha insistido en
que esa manipulación supuso también la inclusión de correos
electrónicos suyos en la documentación para incriminarla a ella.
La declaración de Guerrero
Francisco Javier Guerrero, exdirector de Trabajo de la
Junta de Andalucia y uno de los principales imputados en el caso de los
ERE fraudulentos se ha acogido a su derecho hoy y no ha declarado ante la juez Mercedes Alaya que lo había citado nuevamente.
El exdirector de Trabajo, que ha llegado sonriente a los juzgados, ha permanecido en el despacho de la juez durante apenas unos minutos, tras lo cual ha abandonado los juzgados en compañía de su abogado, Fernando de Pablo.
Este último ha explicado que su cliente, que normalmente casi siempre ha declarado ante la instructora de sumario, no lo ha hecho en esta ocasón porque se siente «indefenso» para poder defenderse ya que no conoc el contenido de muchas declaraciones que hay en la causa porque la juez no les ha dado traslado de ellas.
Según Fernando de Pablos, su cliente no se puede defender ya que en las diligencias, según ha dicho, existe «una especie de secreto del sumario encubierto».
Ahora está declarando Juan Márquez, que sucedió a Guerrero en la
Dirección General de Trabajo y, tras él, le tocará el turno al sucesor
de éste último, Daniel Alberto Rivera. Todo indica que ninguno de ellos
declarará tampoco.
Nueva investigación sobre el fraude de los fondos de formación de la Junta en Sevilla
Nueva investigación sobre el fraude de los fondos de formación de la Junta en Sevilla
El juzgado de instrucción 16 de Sevilla indaga bajo secreto sumarial el reparto de los cursos a otras empresas
El fraude en los cursos de formación de la Junta de
Andalucía se extiende. El juzgado de instrucción número dieciséis de
Sevilla, el mismo que lleva el caso Invercaria y las nueve causas abiertas sobre el uso de las transferencias de financiación en otras tantas empresas públicas, ha abierto nuevas diligencias previas por fraude en los cursos de formación, en este caso en la provincia de Sevilla.
Según confirmaron fuentes judiciales, la nueva investigación, muy reciente y aún en fase inicial,
se originó después de que dentro de las pesquisas que lleva a cabo la
Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (la UDEF) en la denominada
«Operación Edu» se descubriera que la Delegación Provincial de Sevilla había actuado de la misma manera con fondos de formación otorgados a numerosas empresas de Sevilla.
A raíz de ello se envió el caso a Sevilla y por reparto recayó en el juzgado que dirige Juan Gutiérrez Casillas, quien decretó el secreto del sumario por
necesidades de las pesquisas policiales. Ahora está a la espera de los
resultados de la investigación policial tras lo cual el fiscal deberá
decidir cuales son los próximos pasos a seguir. Si pedir diligencias y
declaraciones o archivarlo. «Parece muy gordo, podría ser una nueva
macrocausa», aseguran fuentes judiciales.
Esta investigación se suma a la que lleva a cabo la UDEF en
varias provincias y que, según los últimos datos conocidos del informe
policial, sirvió para montar una «red clientelar» para una supuesta compra de votos.
Ese informe señalaba que la Dirección General de Empleo otorgó más de
400 millones en los meses previos a las municipales de 2011. Además
hablaba de relaciones «entre partidos políticos y sindicatos»y los
beneficiarios de las ayudas y aseguraba que era esta condición la que
les facilitó el acceso a estas subvenciones, que de otro modo no
hubiesen logrado al no cumplir los requisitos legales. En cuanto a
Sevilla, aunque el secreto impide conocer más datos, la Cámara de Cuentas
detectó que más del 90 por ciento de los cursos de formación a
desempleados no fueron controlados y más de un 75 por ciento de los
dirigidos a ocupados no fueron comprobados.
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