Zoido acusa al Gobierno andaluz de ser «cómplice» sabiendas del fraude de los ERE

Señala que la intervención advirtió a los Consejo de Gobierno que esas ayudas eran irregulares

JUAN FLORES

Juan Ignacio Zoido, durante su intervención en el Parlamento

El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, acusó este jueves al Gobierno andaluz de ser «cómplices en los últimos años de los ERE», por cuanto quienes formaron parte de los Consejos de Gobierno entre 2005 y 2007 han participado «en condición de cómplices» en la concesión de transferencias de financiación, a lo que puso reparos, añadió, la Intervención General de la Junta. 

«Todo el Consejo de Gobierno entre los años 2005 y 2007, desde el Presidente hasta el último consejero, conocía y era cómplice de la trama de los ERE y de las subvenciones concedidas de forma ilegal», aseguró el líder del PP-A durante la pregunta que le realizó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento.

Posteriormente, desde el PP-A explicaron que Zoido hacía referencia con esa denuncia a una serie de expedientes sobre transferencias de financiación, la forma en la que se financiaban los ERE, al que ha tenido acceso este partido como consecuencia de su personación en el caso Invercaria.

En ess documentación, mantienen los populares, se puede comprobar que la Intervención General de la Junta de Andalucía advirtió a todos los miembros del Gobierno en los años 2005,  2006 y 2007 que dichas transferencias eran irregulares. Incluso, en unos de esos expedientes está detallado el listado de todos los entes públicos afectados por las irregularidades y que no se circunscribían únicamente a Invercaria: DAP, Extenda, Turasa, Epdasa, Egmasa, Giasa y la RTVA.

El PP ha remitido al Juzgado de Instrucción número 6, cuya titular es Mercedes Alaya, esta información que pone en evidencia, en su opinión, que todo el Consejo de Gobierno andaluz es como mínimo, cómplice de la corrupción.

UGT-A cargó 70.000 euros de su fiesta de Migraciones como «negociación colectiva»

Pagó con una ayuda de la Junta el coste de grupos musicales, pancartas y degustaciones del evento en 2008, que contó con la presencia de Cándido Méndez

EFE

Fidalgo y Méndez, junto a sus homólogos andaluces, en la asamblea por el Trabajo Decente en 2008

La federación andaluza de la Unión General de Trabajadores (UGT) endosó los gastos de su II Fiesta de las Migraciones en 2008 a un programa de la Junta de Andalucía para sufragar desplazamientos, manutención y alojamiento de miembros de la central durante las negociaciones colectivas. Con el gancho de actuaciones musicales y lúdicas, el sindicato buscaba captar afiliados entre la población inmigrante a coste cero. UGT-A dio instrucciones a la empresa que montó el evento, Forum T. Nazareno S.L., para hacer pasar los gastos de organización, que ascendieron a 70.760 euros, como «Plan de Medios para la Negociación Colectiva» y justificar así las ayudas públicas. Éste es el insólito concepto que figura en la factura emitida por la firma contratada, a la que ha tenido acceso ABC, que está fechada el 9 de octubre de 2008, una semana después de la celebración de la fiesta en el Parque de Miraflores de la capital sevillana el día 2 de octubre.

Desembarco de líderes

UGT-A no escatimó en gastos para exhibir músculo sindical y «dar a conocer el trabajo de nuestra organización» a este colectivo y crear «un espacio de relación intercultural», tal y como difundió en sus folletos. Con cargo a fondos públicos para apaciguar conflictos colectivos en las empresas, contrató —recurriendo para ello a una empresa especializada en la organización de espectáculos— grupos musicales, animadores socioculturales para atraer a familias con niños, degustaciones gastronómicas y expositores informativos con propaganda sobre la labor del sindicato afín al PSOE. Hasta el parque hispalense se desplazó la plana mayor de la organización, encabezada por el secretario general, Cándido Méndez.

Para que la Fiesta de las Migraciones fuera completa, la federación andaluza de UGT repartió 1.700 bocadillos de chorizo y tortilla de patatas entre los visitantes. La comida la pagó con una ayuda de la Junta específica para la Jornada Mundial del Trabajo Decente, tal y como se especifica en la factura emitida por la empresa Forum T. Nazareno. El convite costó 7.429,80 euros e incluía 850 bocadillos de chorizo (1.275 euros), otros tantos bocadillos de tortilla de patatas (1.700 euros) y manzanas (730), según el desglose enviado a UGT-A.

«La Junta de Andalucía mira para otro lado cuando le da dinero público a los sindicatos»

El secretario general del PP-A critica el «silencio cómplice» del Gobierno andaluz sobre el desvío de ayudas por UGT y CC.OO.

ROCIO RUZ

Sanz, en una rueda de prensa el pasado sábado en la sede del PP-A

El secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, ha criticado este lunes el «silencio cómplice» de la Junta ante el uso de dinero público por parte de UGT y CC.OO. y ha atribuido esta actitud a que «no le interesa en absoluto saber en qué se gasta» porque ambos sindicatos son «instrumentos fundamentales en el funcionamiento del régimen socialista andaluz».

Sanz se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en la cadena Cope, recogidas por Europa Press, en la que se ha mostrado «sorprendido» de que la Junta «haya dado un hachazo a las políticas sociales en Andalucía, recortando 421 millones de euros en sanidad, educación y políticas sociales en los próximos presupuestos, mientras se mantiene intacta la partida que va a los sindicatos».

«Da la impresión de que la Junta mira para otro lado a la hora de dar el dinero público a los sindicatos porque no le interesa en absoluto saber en qué se gasta», ha señalado el 'número dos' del PP-A, que ha apuntado que el «silencio cómplice» de la Junta «hace pensar muchas cosas porque que UGT y CC.OO. son dos instrumentos fundamentales en el funcionamiento del régimen socialista andaluz». En este sentido, Sanz ha expresado su confianza en que, después de haber «impedido» las comparecencias parlamentarias del secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, y su antecesor en el cargo, Manuel Pastrana, PSOE-A e IULV-CA «voten esta semana a favor» de la comparecencia del tesorero del sindicato «en aras de la transparencia de la que tanto hablan».

Junto a ello, el dirigente popular ha confiado en que la investigación judicial «llegue hasta el final lo antes posible para que todos los andaluces sepamos por qué el PSOE calla ante todo lo que está saliendo con respecto a los sindicatos y podamos conocer cuál ha sido el papel de los sindicatos en la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE)» fraudulentos.

Abogados imputados movieron 102.000 euros en un día en 34 fracciones

La Guardia Civil cree que el despacho donde trabajó Juan Lanzas blanqueó dinero

jesús spínola

El abogado imputado Carlos Leal Bonmati

El estudio de tres cuentas bancarias en la misma sucursal de Sevilla asociadas a Estudios Jurídicos Villasís, el despacho donde trabajaba el exsindicalista y «conseguidor» de ayudas Juan Lanzas, ha puesto al descubierto la pasmosa agilidad con la que se movía el dinero de las sobrecomisiones obtenidas por la tramitación de ayudas del fondo de los ERE.

En un solo día, el 7 de septiembre de 2006, el bufete fundado por Carlos Leal Bonmati, imputado en el caso de los ERE falsos, retiró de una de sus cuentas en una sucursal de Bankia en el Centro de Sevilla hasta 102.000 euros en metálico en 34 fracciones, según detalla la Guardia Civil en un exhaustivo informe del 7 de octubre pasado entregado a la juez que instruye el proceso, Mercedes Alaya. El dinero «tendría su origen en el abono de 400.000 euros» realizados por la mediadora de los ERE Uniter, según las diligencias. Estos 100.000 euros fueron transferidos a la empresa Roda Textil, siguiendo las indicaciones del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

Los investigadores sostienen que el despacho de abogados formaba parte de «una asociación de carácter ilícito que estaría dedicada a desviar en beneficio propio, de manera velada y fraudulenta, fondos procedentes del erario andaluz que, posteriormente, mediante la utilización de empresas instrumentales en cuyos órganos de administración situaban a personas con el rol de testaferros, introducían en el circuito económico normalizado cometiendo con ello un supuesto delito de blanqueo de capitales». Para llevar a cabo su propósito, la organización utilizó varias cuentas bancarias «con el objeto de hacer fluir el dinero irregularmente obtenido para alejarlo de su origen ilícito».

Los agentes han identificado hasta 23 operaciones en las cuentas de los socios y del despacho sevillano que pueden ser constitutivas de un delito de blanqueo de capitales. El «modus operandi» consiste en que entra una cantidad de dinero en una cuenta suya, que automáticamente es traspasado a dos cuentas bancarias de los socios radicadas en la misma sucursal. «Acto seguido, se retira parte o la totalidad del dinero en disposiciones en metálico sistemáticas» realizadas el mismo día y en cantidades iguales o menores a 3.000 euros.

La Guardia Civil mantiene la tesis de que en estos movimientos de capital pudo contar con «la colaboración o permisividad de algún empleado de banca». De hecho, ha imputado, por ejemplo, a la subdirectora de una de las sucursales, que reconoció a los agentes que tales operaciones eran irregulares, aunque nunca se dio cuenta de ello al Servicio Ejecutivo de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Leal quedó libre el 6 de julio tras pagar una fianza de 150.000 euros. Está imputado, entre otros delitos, por prevaricación, blanqueo de capitales, cohecho, asociación ilícita y malversación impropia.

Dinero de la Junta para pagar el perfil en Facebook de UGT-A

Fernández prometió a la agencia buscar «una solución» para pagarle 2.832 euros que le debía por la red social

abc

Francisco Fernández Sevilla, secretario general de UGT-A

La dirección de UGT-A estaba tan preocupada por enriquecer su presencia en las redes sociales que contrató en septiembre de 2010 a una empresa especializada para sacar el máximo partido a su página de Facebook. Una operación a simple vista sencilla, que cualquier usuario puede realizar desde el ordenador de su casa sin que le cueste un céntimo, se convirtió para el sindicato en una nueva oportunidad para pagar sus gastos de propaganda con subvenciones de la Junta de Andalucía destinadas a impartir cursos de formación a desempleados.

El sindicato, bajo el mando de Manuel Pastrana, pagó 2.832 euros a la agencia publicitaria Innn (denominación actual de Superagencia86) por la implantación y gestión de una estrategia en Facebook con fondos destinados al programa de formación profesional ocupacional Forman XXIII, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la antigua Consejería de Empleo.

Para cubrirse las espaldas de cara a justificar las ayudas ante la Administración, UGT-A dio directrices a la empresa Superagencia 86 para eliminar cualquier alusión al proyecto de la red social en siete facturas pendientes de pago. Siguiendo el «modus operandi» llevado a cabo en este tipo de maquillajes contables, el sindicato utilizó el correo electrónico para instruir sobre cómo modificar las facturas. «En relación a las facturas que están pendientes de pago necesitamos que nos cambien el concepto de las mismas y en todas tiene que poner el siguiente concepto: PUBLICIDAD EXPEDIENTE 98/2008/J/244 [en alusión a los Cursos de Formación Profesional]», aleccionó el responsable del departamento de Compras de UGT-A en un e-mail, al que ha tenido acceso ABC, que fue remitido el 21 de junio de 2011 a una empleada de Innn.

El sindicato no se podía permitir ningún desliz a la hora de endosar el gasto a la antigua Consejería de Empleo, que debía comprobar que la factura cuadraba con el objeto del programa de formación profesional. «Sólo tiene que aparecer esto como concepto en cada una de las facturas. Si es posible necesitaría que me pasara una por correo electrónico para comprobar que es conforme y que me mande todos los originales», le reiteró el responsable de UGT-A.

Las instrucciones dadas al proveedor surtieron efecto. ABC tiene en su poder al menos cinco facturas emitidas por Superagencia86 entre el 4 de enero y el 9 de mayo de 2011 que fueron presentadas por el sindicato y compulsadas por la Junta de Andalucía. El importe de cada recibo mensual es de 566,40 euros (2.832 euros en total), pero en lugar de cargarlos al expediente citado en el correo, se optó a última hora por imputar el gasto del proyecto de Facebook al programa de formación Forman XXIII relativo a 2010. Los números de las facturas coinciden con los mencionados en los correos.

Al citado e-mail le precedió (el 3 de junio de 2011) otro que revela la trastienda de la manipulación de facturas y que compromete al secretario general de UGT-Andalucía, Francisco Fernández Sevilla. El entonces vicesecretario de Organización y mano derecha de Pastrana se involucró en la solución que arbitró el sindicato para pagar el montaje de la red social. La responsable deSuperagencia86 informa en un correo a un empleado de UGT «cómo fue el proceso en relación a las facturas pendientes de pago de Facebook».

Tras recordar que estuvieron negociando con Pilar Marín, secretaria de Gestión Interna de UGT, «los conceptos del proyecto de implantación y gestión de una estrategia en redes sociales», la administrativa de Superagencia86 comentó que «la semana pasada tuvimos un encuentro con Francisco Fernández Sevilla, Pilar Marín y otros compañeros donde se adquirió el compromiso por parte de la organización de dar pronta solución a las facturas atrasadas» por trabajos realizados desde septiembre de 2010.

El PP-A urge a la Junta a paralizar los procesos de fusión hospitalaria iniciados «sin consenso»

Pide atender de forma «prioritaria» la deuda con empresas farmacéuticas con un calendario de pago «de riguroso cumplimiento»

JUAN FLORES

El Hospital Virgen del Rocío de fusionará con el Macarena

El Partido Popular defenderá el próximo jueves una moción en el Pleno del Parlamento andaluz en la que insta a la Junta a paralizar «de forma inmediata» el proceso de fusión hospitalaria llevado a cabo en algunas provincias «sin consenso y transparencia» y que considera «lesiva para los derechos sanitarios de los andaluces» hasta no definir «con claridad el proyecto de unificación de áreas hospitalarias a través de una normativa o decreto pertinente que ampare dicha unificación».

En la iniciativa, el PP-A también urge al Ejecutivo andaluz a «atender de manera urgente y prioritaria la deuda que mantiene con las empresas del sector farmacéutico y terceros prestadores de servicios sanitarios», así como a «elaborar un calendario de pago de riguroso cumplimiento para evitar impagos y demoras futuras que afectan negativamente a la atención sanitaria de los andaluces».

Junto a ello, los populares emplazan a la Junta tanto a «no llevar a cabo más recortes en política sanitaria que afectan directamente al personal, las infraestructuras y servicios sanitarios, con una repercusión muy negativa sobre la atención a los andaluces y sus derechos» como a «cumplir su compromiso presupuestario en política sanitaria y a ejecutar en su totalidad los créditos presupuestados para 2013, en especialmente en materia de inversiones», ya que advierten de que «a 30 de septiembre la ejecución presupuestaria de dicho capítulo era tan solo del 23 por ciento».

Más de 7.000 empleos perdidos

En este sentido, el PP pide que «no siga la senda de pérdida de puestos de trabajo ejecutado en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante el último año, en el que 7.027 de los 12.000 empleos que han desaparecido en la sanidad pública han sido en Andalucía» y que se «pongan en servicio todas las camas que aún permanecen en reserva tras el cierre del periodo estival para dar mejor atención a los pacientes ante la saturación en que se encuentran algunos centros hospitalarios».

Otras demandas del Grupo Popular se centran en reclamar «concreción» a la Junta sobre sus «compromisos en materia de infraestructuras sanitarias para la presente legislatura»; la elaboración de un «nuevo mapa sanitario que garantice la adecuada cobertura sanitaria de los andaluces», y el establecimiento de los «medios y mecanismos necesarios para agilizar los tiempos de respuesta para intervenciones quirúrgicas, en consultas externas y en pruebas diagnósticas, con el fin de reducir las listas de espera en Andalucía».

Por último, el PP-A también solicita medidas «para ir eliminando la precariedad laboral y la inestabilidad en las contrataciones del personal del SAS» y para «abordar de forma conjunta con los sindicatos sanitarios una mejora de la sustitución del personal en atención primaria y especializada, poniendo en marcha las medidas necesarias que garanticen la cobertura del personal sanitario en vacaciones, contingencias comunes y en situaciones de permisos reglamentarios».

El mapa de la corrupción en Andalucía salpica a 171 alcaldes y exalcaldes socialistas

El PP-A lamenta que no haya una semana «con un nuevo caso de corrupción» protagonizado por un socialista

abc

Los exalcaldes de Burguillos, Jerez y Los Palacios, imputados en diversas causas por corrupción

El secretario general del PP-A, José Luis Sanz, ha denunciado este lunes que el mapa de la corrupción de Andalucía cuenta con 171 alcaldes y exalcaldes socialistas salpicados. En concreto, según datos de los populares, hay 117 alcaldes del PSOE imputados en casos de corrupción, a los que se suman otros 47 regidores socialistas condenados.

Por provincias, la mayor parte de los casos de corrupción que afectan al PSOE se concentran en tres provincias: Sevilla, con 36 alcaldes o exalcaldes imputados o condenados por corrupción; Granada, con 33; y Málaga, con 30. Tras estas provincias se sitúan Huelva, con 20 regidores o exregidores imputados o condenados; Jaén, con 17; Cádiz, con 16; y Almería, con 13. La que menos casos presenta es Córdoba, con seis.

Ante estos datos, Sanz lamentó que no hay semana que no se conozca «un nuevo caso de corrupción protagonizado por el PSOE» y recordó que, según datos de su formación, en estos momentos hay más de treinta casos abiertos o en vías de investigación sobre estas cuestiones.

De esta forma, el dirigente popular relacionó la corrupción con el «modelo de socialismo andaluz» que pretende, en su opinión, exportar al resto del PSOE la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y que se completa con las siguientes cifras: un 37% de paro y un 28% de fracaso escolar.