PSOE e IU siguen en campaña a costa de los desahuciados

PSOE e IU siguen en campaña a costa de los desahuciados, porque el gobierno del PP ya abrió la puerta a la dación en pago

La portavoz de Vivienda del PP andaluz, Alicia Martínez

Alicia Martínez: "El PP ha hecho más por la dación en pago en tres meses de lo que el PSOE hizo en 8 años"

"Cortés intenta tapar el complejo que les produce que haya sido un gobierno del PP el que ha buscado la solución al drama de miles de familias en Andalucía"

PSOE e IU votaron en contra de mecanismos de mediación y asesoramiento para favorecer la dación en pago propuestos por el PP andaluz
 

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La portavoz de Vivienda del Partido Popular andaluz, Alicia Martínez, señaló hoy que el Gobierno del PP abrió la puerta a la dación en pago con la aprobación el 29 de Marzo, del Decreto de Protección de los Deudores Hipotecarios sin Recursos y el Código de Buenas prácticas. Recordó que estas medidas tuvieron el voto en contra de PSOE, que "han decidido seguir en campaña electoral a costa de los desahuciados y no se quieren enterar de que lo que piden ya lo ha puesto en marcha el PP".

La portavoz popular señaló que "la puesta en escena de la Consejera de Fomento a favor de la dación en pago es un teatro para intentar tapar el complejo que les produce que haya sido un gobierno del PP el que ha buscado la solución al drama de miles de familias en Andalucía".

Martínez afirmo que "en tres meses el PP ha hecho más de lo que el PSOE hizo en 8 años para solucionar este problema", ya que mientras el anterior gobierno de Zapatero se manifestó abiertamente en contra de la dación en pago, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, expresó en su discurso de investidura su compromiso con este problema y anunció reformas en la legislación hipotecaria para frenar la sangría de desahucios.

Agregó que las medidas del PP han encontrado un equilibrio para responder al drama social, puesto que están dirigidas a los más vulnerables y se pueden aplicar sobre hipotecas ya contraídas.

Martínez señaló que el 99% de las entidades financieras se han adherido al decreto del Gobierno y por tanto "su cumplimiento es obligatorio durante un plazo de dos años", lo que pone en evidencia la manipulación de quien dice que la medida es voluntaria para los bancos.

Del mismo modo, señaló la demagogia de pedir cambios legales con el argumento de que la vivienda es un derecho cuando "en Andalucía hay una Ley del Derecho a la Vivienda hueca y sin financiación".

Alicia Martínez también recordó que PSOE e IU se opusieron hace sólo dos semanas en el Parlamento de Andalucía a una iniciativa del PP andaluz que proponía que la Junta pusiera en marcha mecanismos de mediación y asesoramiento para favorecer la dación en pago puesta en marcha por el Gobierno de España, así como la recompra de las viviendas afectadas y garantizar los alquileres sociales.

La portavoz popular anunció que el PP andaluz llevará mociones a los ayuntamientos para informar a los ciudadanos de las medidas sociales respecto a la vivienda aprobadas por el gobierno de Mariano Rajoy y puedan reclamarlas a las entidades financieras, que es lo que debería hacer el gobierno andaluz en vez de seguir engañando a los andaluces."

Griñán conocía las irregularidades de los ERE

La Guardia Civil concluye que Griñán conocía las irregularidades de los ERE

La juez aplaza las declaraciones para estudiar el atestado que recoge que el sistema siguió tras el cese de Guerrero. La Junta de Andalucía cambió la legislación para facilitar «el descontrol absoluto de las ayudas»

mercedes benítezabcdesevilla / sevilla

Día 02/06/2012 - 08.30h

JOSÉ GALIANA

La juez Mercedes Alaya con la funcionaria que la ayuda en el caso

El atestado que ayer trasladó la juez Mercedes Alaya (instructora del sumario de los ERE fraudulentos) a las partes es una auténtica «bomba de relojería» ya que concluye que el Gobierno andaluz conocía tanto el convenio como el uso que se hacía de la transferencia de financiación y, por tanto, implica que conocía las irregularidades. Este nuevo escrito, de más de trecientos folios, ha provocado el aplazamiento de todas las declaraciones previstas para estudiar las conclusiones de la Guardia Civil, entre ellas la del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, prevista para el 26 de julio.

El minucioso estudio sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo entre 2001 y 2011 concluye que el Consejo de Gobierno andaluz (que presidieron primero Manuel Chaves y, a partir de 2009, José Antonio Griñán) conocía «tanto el procedimiento establecido por el convenio marco entre Empleo y el IFA/IDEA como el uso que se hacía de la transferencia de financiación, aprobando distintas modificaciones presupuestarias que hicieron viable el sistema». Se hace hincapié en que el propio exconsejero Antonio Fernández (hoy en prisión) cuando era viceconsejero creía que el consejero «tuvo que comentar el nuevo sistema operativo a Chaves» e incluso que «Chaves debió conocerlo al igual que el resto de los miembros del Consejo de Gobierno». Y también que normalmente se daba cuenta a la comisión general de viconsejeros o consejillo que presidía Gaspar Zarrías.

Sobre el destino dado a los fondos cuando se proponía modificar la partida 31-L (bautizada como fondo de reptiles), la Benemérita concluye que «era conocido por el consejero de Economía de Hacienda, Magdalena Alvarez en su momento, y José Antonio Griñán (actual presidente andaluz) después. E incluso se insiste en que tanto los presidentes de la Junta como el resto de miembros del Consejo de Gobierno eran «conocedores» de la operativa de Empleo» con las transferencias de financiación.

A juicio policial, el tema «debía ser conocido por el propio consejero» ya que además asegura que era una entidad «claramente incumplidora» que tenía encomendada el pago de los fondos públicos para ayudas y subvenciones de varias consejerías.

La Guardia Civil asegura que «se continúa investigando el conocimiento/participación concreto del titular de la Consejería en este y otros aspectos relacionados con la forma de financiar al IFA/IDEA como “caja pagadora” de las ayudas o la correcta actuación de la Intervención General de la Junta». Y también de los distintos titulares de las Consejerías a las que estuvo adscrita el IFA.

También recalca sobre las ayudas dadas a las empresas de Rosendo y Sayago, que aunque fue el exdirector general, Francisco Javier Guerrero (hoy en prisión) el que las adjudicó ilícitamente, el entonces consejero y diputado del PSOE, José Antonio Viera «jugó un papel esencial por ser el que las promovió». Se contabiliza que de los 70 millones de euros otorgados en el período investigado, 50 fueron a empresas de la Sierra Norte, lo que su puso el 70 por ciento de las ayudas directas concedidas en la comunidad.

Y sobre Fernández y el exviceconsejero Agustín Barberá consideran acreditado «el conocimiento pleno que tenían de todo lo relacionado con la tramitación y la gestión de ayudas» siendo Guerrero y Márquez (su sucesor en la Dirección General). los que participan en su creación e imposición. Es decir, que el sistema no acabó con el cese de Guerrero. Márquez y Daniel Rivera (imputados y este último aún en el cargo) y los responsables de la Consejería «dan forma y continuidad a los acuerdos adoptados por su antecesor». Y que cuando llegaron se les dio una lista de las ayudas pendientes de pago.

La utilización ideada por la Junta de la transferencia de financiación facilitó «el descontrol absoluto de las ayudas». Algunas de ellas venían sólo «con una nota manuscrita», «con datos incorrectos» o ni siquiera constaba la actividad de la empresa.

También se asegura que el convenio tuvo que ser desde el principio explicado de manera detallada porque «implicaba la modificación de modificaciones presupuestarias respecto a los presupuestos de la Consejería de Empleo. Y que, de hecho el Consejo de Gobierno tuvo que aprobar esas modificaciones que, a partir de 2001 habrían sido una o dos por año.

Además, hubo subjetividad en las ayudas que fueron concedidas «a personas vinculadas políticamente, familiarmente o por razones de amistad a distintos funcionarios o cargos públicos con responsabilidad en la gestión de dichas ayudas». Y, según se recalca, no eran conocidas por otras personas que «en situación de precariedad las pudieran necesitar».

La juez ha pedido a la Junta que le remita el organigrama completo del gabinete jurídico desde 2001 a la actualidad y las relaciones que la administración autonómica ha tenido con despachos de abogados Garrigues y Estudios Jurídicos Villasis.

177.000 pymes cobrarán sus deudas con los ayuntamientos gracias al plan del Gobierno

177.000 pymes cobrarán sus deudas con los ayuntamientos gracias al plan del Gobierno

A partir de hoy, 177.070 proveedores cobrarán lo que les deben los ayuntamientos.

• Dos de cada tres proveedores beneficiados son PYMES y autónomos: 63.543 son pymes y 50.259 son autónomos, según datos provisionales.
• Uno de cada dos ayuntamientos comienzan hoy a pagar sus facturas.
• En total son 2.305 los ayuntamientos que a partir de hoy ya pueden pagar sus deudas pendientes con proveedores, en su mayoría, pymes.
• El Gobierno ha ampliado el plazo para que puedan acogerse otros 1.470 ayuntamientos.
• Los Comunidades Autónomas podrán empezar a pagar el 30 de junio.

Este plan supone una inyección de 35.000 millones de liquidez a cientos de miles de PYMEs y autónomos.

• El pago se hace con un crédito sindicado por 26 entidades bancarias, y avalado por el Estado.
• Asimismo, el Gobierno va a cambiar la legislación para que los proveedores que contraten con la administración sean los primeros que no tengan que pagar el IVA hasta que hayan cobrado la factura.

El plan contribuirá a la creación y al mantenimiento de hasta 100.000 puestos de trabajo.

• Esta inyección de liquidez impulsará la actividad empresarial y evitará la destrucción de empleo.

Es un plan pionero que acabará con la morosidad de las administraciones públicas y ayudará a reactivar la economía de nuestro país.

• Las CCAA y ayuntamientos han tenido que presentar sus planes económicos de cumplimiento del déficit para poder beneficiarse de este Plan.

La primera reforma del Gobierno ha sido decir la verdad a los españoles

La primera reforma del Gobierno ha sido decir la verdad a los españoles

 

Soraya Sáenz de Santamaría: “El Gobierno informa y reforma, pero sobre todo dice la verdad”.

• El Gobierno socialista ha sido el único que ha disfrazado los mayores recortes de la democracia y ocultado durante meses, antes de las elecciones, las verdaderas cifras del déficit.
• El Gobierno del PP ha tenido que adaptar sus reformas a la mentira del PSOE, pero siempre desde la transparencia y la verdad a los ciudadanos.

Los dirigentes del PSOE predican una transparencia que no practican.

• El Gobierno socialista pedía apoyo a sus medidas económicas, pero todas las comparecencias sobre la crisis bancaria se hacían a puerta cerrada.
• Una política que continúa, como manifestó Rubalcaba cuando amenazó con “echar” a la persona que filtraba el contenido de las reuniones de la Ejecutiva.
• Soraya Sáenz de Santamaría: “Los dirigentes socialistas sólo dicen la verdad cuando creen que nadie les escucha”.

El PSOE debe abandonar su política irresponsable de confrontación por el diálogo y el consenso.

• El Partido Popular tiene la voluntad de abrir espacios de diálogo constructivos con el PSOE porque el objetivo común es salir de la crisis.

Valderas tendrá su propia «guardia de corps» en las provincias

El vicepresidente y consejero de Administración Local podrá nombrar a ocho nuevos coordinadores sectoriales para su departamento

josé cejudoabcdesevilla / sevilla

Día 01/06/2012 - 07.47h

JOSÉ GALIANA

La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, ayer en la reunión que mantuvo con los delegados del Gobierno de la Junta

La nueva estructura de la Junta, tanto a nivel central (consejerías) como en la Administración periférica, quedará definitivamente cerrada en el plazo de un mes. Se trata de un proceso que si bien prevé la reducción en un cincuenta por ciento del número de delegados provinciales, también contempla el nombramiento de ocho coordinadores sectoriales adscritos a la Vicepresidencia del Ejecutivo, cuyo titular, Diego Valderas, contará así con una red de colaboradores de su absoluta confianza, una especie <MC>de «guardia de corps» del también responsable regional de IU.

La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, mantuvo ayer en el Palacio de San Telmo una reunión de trabajo con los actuales delegados del Gobierno de la Junta, donde se abordaron, entre otras cuestiones, la nueva estructura de la Administración andaluza.

En cada provincia, el Ejecutivo estará representado por un delegado del Gobierno y por cinco delegados territoriales que, de forma agrupada, asumirán competencias de varias consejerías. Según explicó a los periodistas Susana Díaz, estos últimos, respectivamente, se encargarán de las siguientes áreas: Asuntos Económicos y Empleo; Educción, Cultura y Deportes; Fomento, Infraestructuras del Transporte y Turismo; Salud y Políticas Sociales, y Agricultura, Pesca, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

En la práctica, este nuevo organigrama reduce el número de delegados provinciales a la mitad, aunque también incrementa la relación de coordinadores sectoriales. Al respecto, Susana Díaz indicó que no se va a prescindir de estos cargos que ya trabajan en aspectos concretos, como Mujer y Juventud. Y de otro lado, la Vicepresidencia de la Junta podrá nombrar a sus propios coordinadores provinciales. Según informaron a ABC fuentes del Ejecutivo andaluz, estos profesionales estarán en el escalafón del organigrama por debajo de los delegados territoriales.

En la reunión del próximo martes, el Consejo de Gobierno aprobará los decretos de estructura de los servicios centrales (consejerías), y a continuación, en el plazo de un mes, quedará cerrada la nueva estructura periférica con la designación de los ocho delegados del Gobierno, del subdelegado del Campo de Gibraltar y de los delegados territoriales, cinco por provincia.

La consejera insistió en la idea de que los delegados del Gobierno representan a todo el Ejecutivo, aunque el mismo lo integren dos formaciones políticas, como son el PSOE e IU. No obstante, no quiso concretar cuántos de los nuevos nombramientos corresponderán a la cuota de la federación de izquierdas. Igualmente, subrayó que los máximos responsables de la Administración autonómica en las provincias tendrán a partir de ahora una mayor presencia y ejercerán al mismo tiempo una labor de más coordinación «para que la estructura sea potente, solvente y cercana a los ciudadanos». Además, los delegdos del Gobierno dispondrán de nuevas competencias.

Finalmente, y en el plano legislativo, Susana Díaz señaló que la prioridad del Gobierno pasa por la aprobación de la Ley de Transparencia, al considerar que se trata de una aspiración de los ciudadanos saber en que se gasta el dinero público.

«Así lo trasladará esta consejera de la Presidencia» al jefe del Ejecutivo, José Antonio Griñán, «porque a título personal así lo considero, y esperamos que en el Consejo de Gobierno se pueda tener este respaldo». Los andaluces, aseguró, demandan una mayor información, una mayor cercanía y conocer, asimismo, si los presupuestos de las administraciones se invierten «con eficacia, con austeridad y con eficiencia».

El PP rechaza el «cambio» de delegados por coordinadores

El secretario general de PP-A, Antonio Sanz, exigió ayer a la Junta que acometa una «auténtica reducción en número y estructura política» de las delegaciones del Gobierno andaluz. Sanz pidió que «no tome el pelo a los andaluces» y que no intenten «sustituir los delegados por la figura de los coordinadores» porque sería una «farsa», informa Ep. «Estaríamos en las mismas —subrayó—. Si reducen delegados pero crean coordinadores, se mantiene la misma burocracia y la misma macroestructura. Por eso exigimos una profunda reforma de la Administración periférica de la comunidad y un adelgazamiento de grasa política en esas estructuras», defendió. Así, apostó por «una verdadera reforma de la Administración aplicando políticas de austeridad y de control del gasto y, desde luego, por la reducción de grasa política en el sector público-empresarial de Andalucía».

La Junta recortó 1.052 millones de euros del presupuesto destinado a políticas de empleo

Ruiz-Sillero y Sanz entrando a la sala de prensa de la sede regional





Sanz afirma que el Gobierno de Griñán no invirtió 431 millones presupuestados en 2010 y 621 en 2011

Insta a la Junta a que responda "por qué no gastó el dinero que recibió del Gobierno"

Informa de que Andalucía mantiene "el mismo porcentaje de recursos" en el reparto de fondos que con el Gobierno de Zapatero, el 22%

Indica que el 65% del presupuesto del SAE son transferencias del Estado y "aún así la Junta no lo invierte"

Acusa a la Junta de llevar a cabo "una estrategia de falsa confrontación hacia el Gobierno de España

Critica que el Gobierno andaluz dejó de invertir un presupuesto completo de una año en los dos últimos años, ya que no gastaron más de 1 de cada 2 euros

Lamenta que Andalucía sea líder en desempleo con 1,2 millones de parados

Destaca que los ayuntamientos no recibieron el 75% de las transferencias que debían recibir de la Junta

Ruíz-Sillero denuncia que el bipartito quiere "finiquitar" los contratos de 413 promotores de empleo

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El secretario general del Partido Popular andaluz, Antonio Sanz, informó hoy de que la Junta de Andalucía dejó sin ejecutar la "escalofriante" cifra de 1.052 millones de euros destinados a políticas activas de empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), es decir, "no invirtió 431 y 621 millones presupuestados en 2010 y 2011", respectivamente, en instó al Gobierno andaluz a que responda "por qué no gastó el dinero que recibió en lugar de plantarle cara" al Gobierno de España y "decir que a usted le discrimina porque le dan menos dinero cuando dan el mismo porcentaje de recursos que cuando se repartían con Zapatero, un 22 por ciento, y aún así no lo invierten".

Durante una rueda de prensa en Sevilla junto a la portavoz de Empleo del PP andaluz, Teresa Ruiz Sillero, Sanz añadió que la Junta recibe casi un 65 por ciento de transferencias del Estado, mientras que ha dejado de gastar 1000 millones, lo que a su juicio implica "un presupuesto falso" del Gobierno andaluz y "una estrategia de falsa confrontación" hacia el Gobierno de España.

Según los datos de la Oficina de Control Presupuestario que Sanz desglosó, el Gobierno de Griñán dejó de invertir casi un presupuesto completo de un año del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) durante los dos últimos ejercicios, ya que no ejecutaron "más de 1 de cada 2 euros presupuestados", apuntó.

Respecto al total de los fondos de empleo destinados a los ayuntamientos andaluces en 2011, Sanz criticó que éstos no recibieron el 75% de las transferencias que debieron percibir de la Junta de Andalucía.

En este sentido, citó como ejemplos los incentivos al empleo (contratación) en los que la Junta dejó de ejecutar el 89% de los fondos destinados, mientras que la empleabilidad en nuevos sectores corrió peor suerte con un 0% de inversión.

Asimismo, indicó que las acciones de fomento de empleo para ayuntamientos y para empresas privadas sufrieron un recortazo del 83% y 75%, respectivamente.

"La Junta de Andalucía dejó sin ejecutar la mitad del presupuesto destinado a las acciones de fomento del empleo a entidades sin ánimo de lucro; dejó de invertir el 98% del programa de inserción y orientación para jóvenes, y no gastó el 87% del programa de trabajadores desempleados", indicó.

La Junta planea despedir 413 promotores de empleo

Por su parte, la portavoz de Empleo del PP andaluz, Teresa Ruiz-Sillero, denunció que "el recortazo" de la Junta "también ha llegado a los fondos para el empleo" ante "su plan silencioso de despido de 413 promotores de empleo para el próximo 30 de junio".

En este sentido, Ruiz-Sillero instó al Gobierno andaluz a destinar 6 millones de euros para garantizar el empleo de estos 413 trabajadores públicos, quienes consiguieron sus puestos mediante libre concurrencia y "sus contratos no terminan hasta el 30 de diciembre de 2012, pese a que la Junta los quiera finiquitar el próximo 30 de junio", concluyó.

El PP impulsará una iniciativa parlamentaria para garantizar la “calidad educativa” y contra los “recortes de la Junta”

Martín, Rojas y Carazo durante la rueda de prensa que ofrecieron hoy en Granada.

Recuerda que es la Junta de Andalucía quien tiene las competencias, desarrolla las políticas y no ejecuta los presupuestos de Educación

Lamenta que estemos a la cola de la inversión por alumno es España y a la cabeza del fracaso escolar

Aboga por una reforma educativa "por consenso" que garantice una educación "con mejor inversión y mejores medios"

Defiende la declaración del profesor como autoridad pública

Anuncia la petición de comparecencia parlamentaria del presidente de la Cámara de Cuentas para que explique "con claridad" el contenido del informe técnico de los ERE

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El portavoz del Grupo Parlamentario Popular andaluz, Carlos Rojas, anunció hoy que su formación llevará una proposición no de ley al Pleno del Parlamento para garantizar "la calidad educativa en Andalucía" y contra "los recortes de la Junta" en esta materia, puesto que "es el Gobierno andaluz quien tiene las competencias" de esta materia, y "quien lleva años" desarrollando las políticas que han llevado a la Comunidad "a la cola de la inversión por alumno en España, a la cabeza del fracaso escolar", además de "no ejecutar los presupuestos" de Educación.

Durante una rueda de prensa en Granada junto a la vicesecretaria de Educación del PP andaluz, Marifran Carazo, y la diputada Eva Martín, Rojas abogó por una reforma educativa "por consenso" para garantizar una educación de calidad a todos los andaluces, con "mejor inversión y mejores medios", además de la "declaración del profesor como autoridad pública", tal y como recoge la PNL que los populares impulsarán en la Cámara.

Asimismo, el portavoz del GPP andaluz abogó por "garantizar" la ejecución presupuestaria en política educativa, y recordó que fue el Gobierno socialista quien "recortó 1000 millones de euros" vía no ejecución presupuestaria en los últimos cuatro años.

Al hilo de esto, Rojas defendió el cumplimiento de la ratio o la convocatoria de oposiciones, al tiempo que mostró su desacuerdo con el recorte salarial al profesorado propuesto por el Gobierno de coalición PSOE-IU.

En este sentido, afirmó que la iniciativa del GPP andaluz "desenmascarará la confrontación partidaria" que mantiene el bipartito andaluz hacia el Gobierno de España.

Griñán al descubierto

En otro orden de cosas, Rojas anunció que su formación va a solicitar la comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas en el Parlamento andaluz, para que explique "con claridad" el contenido del informe técnico elaborado por el órgano fiscalizador sobre las graves irregularidades detectadas en la gestión de los ERE, y el que "quedan al descubierto graves responsabilidades de las que también debe dar explicaciones" el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, añadió.

Según Rojas, el escándalo de los ERE "cada vez enfoca más al señor Chaves y al señor Griñán", por lo que demandó "luz" y "transparencia" para depurar responsabilidades políticas.

En este sentido, se preguntó si existe alguna relación entre la auditoria y el nombramiento del consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, ya que fue éste quien dirigió el informe técnico de la Cámara de Cuentas, e indicó que es Griñán quien debe aclarar este asunto.